noviembre 29, 2021

Aprovechando la imposibilidad de movilizarse y persiguiendo internautas, el gobierno avanza contra las libertades civiles y el Poder Judicial.

Si bien entre el gobierno y el Poder Judicial no existe un “lado bueno” y nuestra vecina la juez Gisela Aldana Selva, fruto del nepotismo, es evidencia de eso, lo que el gobierno de Fernández busca terminaría con la posibilidad de jueces corruptos y la convertiría en una regla sin excepciones.
El propio Fernández que años atrás criticaba la embestida del kirchnerismo contra la independencia del Poder Judicial para garantizarse impunidad hoy está al frente de una nueva embestida con mucha más determinación alimentada por miedo y venganza.
La reforma judicial que impulsa el presidente implica que los funcionarios corruptos no podrían ser desaforados ni encarcelados hasta agotar los últimos recursos judiciales, lo que en otras palabras significa que los funcionarios tendrán la impunidad garantizada en la lentitud del sistema judicial, en la posibilidad de apelaciones y recursos sin fin y en eventuales cambios de gobierno como pasa actualmente. Si hoy los jueces especulan con cambios de gobiernos para tomar decisiones, con la reforma se convertirán en estadistas.
Además, la reforma limitaria el rol informativo de los medios o compensaría el impacto informativo desacreditando la denuncia por ley: si los medios informan un caso de corrupción y este generá indignación en la población, el gobierno quiere que el caso se considere “presión mediatica” y no avance.
Otro punto importante es la colocación de jueces jueces corruptos.
Mientras el gobierno alega que quiere impedir el monopolio sobre el Poder Judicial, usa sus influencias en el Consejo de Magistratura, que incluyen al mercedino Gerónimo Ustarroz, para amparar la corrupción, la evidencia está en los recientes cierres de casos de jueces corruptos como Canicoba Corral o Luis Rodríguez.
La liberación prematura con intervención especializada del Ministerio de Derechos Humanos de presos corruptos como Ricardo Jaime o Boudou también evidencian las verdaderas intenciones.

La magnitud del problema excede la corrupción y aumenta el peligro al que se enfrentan nuestras libertades individuales en tiempos de gobierno por decreto.
Hoy la vacunación del coronavirus será obligatoria por decreto y obligados a denunciar quienes sepan sobre alguien no vacunado, el rastreo de ciudadanos por GPS también fue decretado. Se limitó el acceso de la ciudadanía a la información de compras sin licitación, se clausuraron negocios por no respetar precios u horarios, se obligó a los jubilados a amontonarse para cobrar un mismo día si querían comer, se declaró un ciberpatrullaje que derivó en arrestos por protestas virtuales y se levantaron ONGs como la “Asociación de Víctimas de Trolls” para perseguir a los disidentes del gobierno más corrupto de la historia argentina.
Con el pretexto del coronavirus derechos básicos como el derecho al trabajo, a la circulación, a interpelar a funcionarios o concejales,etc. Desaparecieron.
La constitución está anulada y para cuando vuelva a predominar ya habrá un plan de aplicación inmediata para modificarla al servicio de los políticos y funcionarios que forman parte de la mafia estatal.
Sin apoyar a un Poder Judicial corrupto es necesario insistir en la necesidad de su independencia porque es la última línea de defensa de nuestros derechos constitucionales frente a los abusos del Estado, esos derechos hoy son más necesarios que nunca porque enfrentamos a un despotismo sin precedente en la historia de muchos argentinos que no llegamos a vivir el peronismo.

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