octubre 10, 2021

Fiscales, jueces y policías mercedinos al servicio del narcotráfico persiguiendo a cultivadores de cannabis.

Es sabido que son muy pocos, si es que hay, los jueces y fiscales de Mercedes capaces de pasar limpios un testeo de cocaína u otras sustancias prohibidas por la ley.
De hecho, cuando hay allanamientos y se secuestran estas sustancias nunca llega a juicio el peso real de lo incautado porque parte del contenido secuestrado termina en fiestas privadas de fiscales y jueces donde abundan los estupefacientes.

Son varias las personas detenidas por las ley de estupefacientes que cuentan ser juzgadas por menos cantidad de droga de la que realmente poseían. Por supuesto que los jefes policiales también tienen un papel importante en el robo de drogas, pero si consideramos la cadena de mando, los principales actores en el robo de estupefacientes para uso personal son los mismos fiscales que se quedan una parte para consumo personal y de terceros en fiestas organizadas por sus círculos compuestos principalmente de funcionarios públicos.

Este es uno de los motivos, pero no el único, por el cual los miembros del Poder Judicial de narices y pulmones insaciables destinan gran parte de los recursos del Estado y del tiempo que financiamos en una supuesta guerra contra las drogas.

Pero la guerra contra las drogas no es real. Más allá de que las mismas Naciones Unidas además de muchos trabajos académicos expusieron su inutilidad y carácter contraproducente que incluye un inmenso gasto público inutil, la guerra contra las drogas se centra únicamente contra los ciudadanos que no transan con las autoridades, esos que no comparten su producción, que no venden ni pagan un “permiso” para hacerlo.

Es importante aclarar que para policías con vocación no es orgullo atacar una vivienda familiar y amenazar la seguridad de un vecino por tener una planta, si no hay denuncia de por medio, o si ningún mando policial tiene antojo de fumar ese día, el procedimiento no ocurre. En cambio, los policías de vocación prefieren enfrentarse a verdaderos delincuentes.

Antes de seguir con esta nota, es importante destacar el enfoque jurídico desde la óptica constitucional citando el artículo 19 de la Constitución, uno de los tantos artículos que las autoridades judiciales violan para incautar y consumir gratuitamente estupefacientes. El articulo 19 de nuestra Constitución dice:

ARTÍCULO 19. – Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.

Por supuesto que el consumo o cultivo de cannabis está dentro el marco de este artículo cuya violación es uno de los principales hobbies de fiscales y jueces de Mercedes y del país, comprometidos además con el narcotrafico pesado: ese de importación de drogas de países al norte.
Es importante aclarar también que ese artículo no comprende a una única persona individual, sino a una cantidad indefinida que actue libremente en el ambito privado. Es decir que una persona puede cultivar para si misma o también compartir siempre y cuando sea en un ambito privado.

No hay que ser muy inteligente para entender por qué existe ese artículo: el consumo de drogas es una cuestión personal, a diferencia de las usurpaciones, los robos, las violaciones, los asesinatos, delitos en los que los empleados del Poder Judicial repentinamente se vuelven completamente tolerantes y en los que no invierten recursos como quisiera la ciudadanía.
En cambio, las autoridades invierten millones de nuestros impuestos en evitar que una persona fume un porro en su casa, mientras simultáneamente avala toda clase de delitos contra los cuales la ciudadanía reclama soluciones. Nadie quiere pagar miles de pesos en impuestos para evitar que una persona tenga una planta, pero sí nos gustaría que esos impuestos se inviertan en nuestra seguridad, o en un sistema judicial de calidad entre otros servicios que el Estado no proporciona.

Recientemente el portal de noticias MercedesYa publicó una nota sobre allanamientos de cannabis en la que incluyó una foto de material incautado a un cultivador de nuestra ciudad junto a una ínfima cantidad de dinero.
La foto publicada por el portal es realmente una prueba concluyente de que la policía, por orden de la fiscalía y con el permiso de un juez, atacaron la propiedad de un cultivador. Los plantines secuestrados junto a $2050 (pesos argentinos) libran de culpa a un cultivador injustamente allanado e investigado como narcotraficante y dejan en evidencia que el procedimiento, más que en beneficio de la comunidad no tuvo mayor finalidad que proporcionar algunos cogollos para los funcionarios implicados en el procedimiento.

Graciosa incautación financiada con nuestros impuestos mientras permiten usurpaciones y otros delitos graves.

Para que se tenga una idea, las plantas mostradas por el portal MercedesYa no son la verdadera cantidad del material apto para fumar, son plantas con pequeños cogollos y su tamaño confirma que se trata de autoconsumo, cultivo personal. La cantidad de dinero secuestrado reafirma este hecho, no se trata de narcotraficantes sino de cultivadores.

Sin embargo, los cultivadores representan un peligro muy grande al interés del narcotráfico y de jueces, fiscales y jefes policiales que encuentran en el verdadero narcotráfico un aliado muy lucrativo y placentero. Que un fumador de cannabis plante su propio material, incluso para compartir, es una amenaza a la industria del narcotráfico de la que estos funacionarios se benefician impunemente.
Esta incautación de hecho, más que exponer a las personas allanadas deja en evidencia a los empleados de la UFI N°2 de Mercedes, que solicitó el allanamiento, como cómplices de una mafia cuya exisencia depende de la prohibición de la autosuficiencia, del cultivo hogareño.
Demás esta decir que esta postura de jueces, fiscales y policías es la que deriva en mafias y violencia como las que azotan a la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe.

Desde Noticias Mercedes se desafía a jueces, fiscales titulares y jerarcas policiales de nuestra ciudad a someterse en el plazo de una semana (esta semana) a testeos de cocaína y otros estupefacientes para desmentir esta nota.




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