Saqueando arcas públicas: ordenan aumento de 80% para jueces y funcionarios judiciales bonaerenses.
Judiciales ordenaron al gobierno provincial recibir un aumento salarial del 80% en un procedimiento judicial totalmente irregular que constituye un nuevo golpe por parte del sector público a las arcas del Estado.
Se trata de un generoso aumento a funcionarios judiciales y jueces que desde hace décadas tienen causas de intereses público archivadas garantizando impunidad, son los mismos jueces y funcionarios que liberan a asesinos y encarcelan a inocentes, los que garantizan impunidad a políticos corruptos, los que en vez de defender la Constitución legitiman su anulación.
Ejercen como punteros políticos judiciales o son fruto del nepotismo y la violación de la independencia de poderes como Gisela Selva, hija del ex intendente de Mercedes o como la prosecretaria Aldana Enriquez (federal), esposa de Geronimo Ustarroz quien también ocupa un cargo clave en el Concejo de Magistratura trabajando como operador judicial.
Todos coimeros al servicio del narcotráfico y la corrupción.
Y si los jueces no fueran como lo estoy diciendo los políticos no podrían ser como son.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales fue quien hizo el reclamo por aumento del 80% en un plazo máximo de 5 años, en un contexto en el que el país sufre 4 millones de puestos laborales destruidos, cientos de miles de pymes y locales fundidos, personas viviendo en campos de concentración, desnutrición infantil en Pilar, Salta y Chaco, recortes a jubilados, impuestazos solidarios, restricciones al trabajo, la mitad de la población bajo la línea de pobreza, etc.
Tal es el compromiso de los magistrados con la sociedad y nuestro país que mientras se desmorona solo piensan en abultar más su ya exageradamente abultadas ganancias originadas en la corrupción y una administración de la justicia deplorable.
Con el fin de legitimar este nuevo saqueo de los jueces y empleados judiciales a las arcas públicas, la decisión no fue tomada por un juez, sino por el conjuez de Lomas de Zamora Juan Manuel Álvarez Acuña, quien fue sorteado por el Colegio de Abogados. La figura de conjuez pretende mostrar como objetivo e imparcial el procedimiento reemplazando a un juez (que no puede decidir sobre algo que lo afecta) por un matriculado del Colegio de Abogados.
Así es como el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales exige un aumento del 80% y el Colegio de Abogados se lo otorga, todo a expensas de una de las ciudadanías ya de por sí más exprimidas del mundo por el aparato tributario.
El pretexto del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales para efectuar el reclamo no se basó en un argumento lógico, sino en la comparación de los privilegios de jueces y funcionarios judiciales federales y de otras provincias. Es decir que el argumento para doblar sus salarios básicamente fue “ellos ganan más y queremos lo mismo” sin preguntarse si lo que debería pasar no es que ellos ganen menos.
La resolución no solamente beneficia a jueces sino también a fiscales, defensores, asesores de incapaces, secretarios, prosecretarios y oficiales del Poder Judicial bonaerense.
Esto incluye a miembros de los colegios de abogados como el que ordenó el aumento: la imparcialidad y la objetividad que se intentó aparentar reemplazando a un juez por un conjuez es ridícula dejando en evidencia que se trata de una estafa masiva de empleados judiciales a la sociedad.
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