Sus hijos podrían quedar en adoptabilidad porque su defensor oficial de Mercedes jamás le atendió el caso
Un nuevo caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Defensoría Oficial de Mercedes y su rol en causas sensibles. Una nueva víctima del sistema que ruega ser oída por la jueza María Eugenia Rijavec del Juzgado de Familia N° 2 de Mercedes.
Alejandra, vecina de Veinticinco de Mayo, inició en 2024 un conflicto judicial tras una intervención del servicio local que describe como repentina y desproporcionada. “Fue como un grupo comando”, relató sobre el operativo mediante el cual, en una primera instancia, le retiraron a su hija mayor.
El expediente tramita en el Juzgado de Familia N° 2 de Mercedes y cuenta con la intervención de la Defensoría Oficial local, a cargo de Santiago Meda. Sin embargo, según la madre, desde el inicio de la causa nunca fue atendida ni mantenida una entrevista personal con su defensor.
Tras aquel primer episodio, Alejandra decidió trasladarse a Norberto de la Riestra para resguardar a sus otras hijas, pero afirma que allí fue advertida de que debía regresar o enfrentaría consecuencias judiciales. Esa misma noche, en la comisaría local y cerca de las 23 horas, le habrían sido retiradas las dos menores restantes.
La intervención inicial estaría vinculada a una denuncia que involucraba a su hija mayor y a su ex pareja. En 2025 logró la restitución de las niñas, aunque la mayor quedó al cuidado de su abuela. Con el tiempo, esa situación volvió a revertirse y, según su denuncia, las menores fueron nuevamente separadas y derivadas a un hogar convivencial.
Hoy, Alejandra mantiene un vínculo limitado con sus hijas mediante visitas esporádicas y videollamadas, en un contexto que define como incierto. Su mayor preocupación es el estado del expediente, ya que asegura haber sido informada de una posible instancia de adoptabilidad, lo que implicaría la ruptura definitiva del vínculo legal, mientras su abogado dispuesto por el Estado ni siquiera aparece.
En paralelo, el nombre del defensor oficial vuelve a aparecer en otro caso que generó repercusión en la ciudad. Santiago Meda había rechazado anteriormente la representación de Marta Ricchini, una vecina víctima de un entramado de abogados y una oficial de justicia, quienes alteraron su condición procesal al presentarla como inquilina en lugar de propietaria, y así poder despojarla de su vivienda.
Tras la renuncia del letrado, Ricchini no fue notificada en tiempo y forma mientras los plazos judiciales seguían corriendo. Un abogado ajeno a la investigación del caso advirtió la situación y señaló que la jueza había dispuesto la intervención del Colegio de Abogados, que también se negó a asumir la defensa, derivando nuevamente a la Defensoría Oficial.
La propia vecina tomó conocimiento de la situación de manera casual, al ser advertida de la excusación de su abogado. De no mediar esa información, podría haber perdido su vivienda con plazos de apelación vencidos.
En ese contexto, se señala que las fallas atribuidas al mismo defensor oficial en distintos expedientes podrían tener consecuencias graves: desde la pérdida de una vivienda hasta la eventual declaración de adoptabilidad de menores en causas de familia.
Ambos casos muestran cómo los ciudadanos sin recursos para una defensa adecuada, están condenados a perder sin poder presentar ni siquiera medidas de prueba.
