Chivilcoy: una discusión con una perito judicial derivó en la negación del derecho a defensa de un padre
El 5 de diciembre, Maximiliano Olea, vecino de la ciudad de Chivilcoy, publicó una carta abierta —luego reproducida por este medio— dirigida a los jueces de Paz locales. En ella denuncia una situación tan grave como alarmante: haber sido separado de su hija y acusado sin pruebas, sin haber sido escuchado, y sin acceso efectivo a la defensa.
En su escrito, Olea implora algo elemental en cualquier Estado de Derecho: que se oiga su versión de los hechos. No pide privilegios. Pide justicia.
Lejos de atenuarse, su situación se agravó el 28 de noviembre, cuando mantuvo una discusión con una perito del Juzgado de Paz, Aldana Tufilaro. A partir de ese episodio, y pese a que Olea aportó pruebas documentales, se dictó una orden perimetral que —según denuncia— le impide incluso ingresar al juzgado, cercenando de hecho su derecho a defenderse y su rol parental, ya que la abogada provista por ese juzgado renunció a su cargo, y para que se le asigne otro debe acudir al organismo cuyo acceso hoy tiene restringido.
Olea documentó el intercambio por el cual le aplicaron una perimetral. En los registros se lo observa insistiendo en su pedido de ser escuchado, sin amenazas, sin insultos, sin gestos de violencia. Nada que, objetivamente, justifique una medida extrema como una perimetral. Sin embargo, esta fue aplicada y terminó funcionando como un obstáculo adicional en el proceso de revinculación con su hija.
La medida despierta serios interrogantes. Más aún cuando se contrasta con numerosos casos en los que, ante riesgos reales y denunciados, las víctimas encuentran respuestas tardías o inexistentes por parte del sistema. Aquí, en cambio, una restricción de semejante gravedad parece haberse activado con una facilidad inquietante, alimentando la percepción de arbitrariedad con la que operan algunos juzgados y servicios locales, especialmente en la provincia de Buenos Aires.
Resulta indignante que Olea sea señalado como violento precisamente por preguntar por qué se lo acusa de violencia.
Su caso lo lleva el juez Eduardo Banchero, a quien este padre no acusa por las supuestas irregularidades de su proceso, atribuyéndolas a un peritaje tendencioso.
Como tantos otros hombres —y también mujeres—, Maximiliano Olea parece haber quedado atrapado en un engranaje judicial que, lejos de proteger derechos, aplica medidas discrecionales que terminan funcionando como herramientas de castigo o represalia en conflictos familiares. Un sistema que, cuando falla, no sólo dicta resoluciones: destruye vínculos, silencia voces y deja marcas difíciles de reparar.
Carta abierta a la Justicia:
