Fiscal Federal mercedino, Franco Picardi, encubre red de coimas ligada a Randazzo y a un gran aportante K
La causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad desatada por un presunto audio del ex titular de ese organismo, Diego Spagnoulo, reveló un esquema de coimas iniciado por el kirchnerismo y que se prolongó hasta el 2025 pasando por los gobiernos de Cristina Fernandez, Mauricio Macri, Alberto Fernandez y Javier Milei.
Uno de los involucrados es el operador de droguerías macrista Miguel Calvete, quien tenía a funcionarios en ANDIS que responden a sus instrucciones respecto a contrataciones y licitaciones.
Confiado por tratarse de un político macrista, Picardi realizó allanamientos contra él y su hija, a quien le secuestraron USD$700.000 que no pudo justificar y le valió su renuncia.
Pero los problemas para el fiscal Franco Picardi y Casanello, que ya habían descartado el audio de Spagnuolo como prueba por también mencionar la corrupción K, se iniciaron con el hallazgo de un cuaderno en el que figuran importantes figuras del peronismo como Florencio Randazzo y el empresario Jorge Panelli, uno de los principales aportantes de la campaña del Frente de Todos en el 2021.
Ni Randazzo ni Panelli, uno de los principales financistas del partido político del fiscal Franco Picardi, figuran en el expediente a pesar de las anotaciones (y mucho más). Sin embargo, a pesar de la resistencia del fiscal a seguir las conexiones el periodismo logró exponer una línea de contrataciones y licitaciones que van desde el 2014 hasta la actualidad.
En el 2020, un año antes de convertirse en uno de los principales aportantes del kirchnerismo, la empresa GMS S.A, perteneciente a Panelli y vinculada a la familia Randazzo, obtuvo un contrato de “Servicio de Digitalización de Expedientes Administrativos de Pensiones por Invalidez” para la Andis por $23,3 millones. Dos meses después se benefició con otra contratación para la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS). En 2021, la Superintendencia de Salud volvió a contratar a GMS para una “solución integral para la administración y gestión de prestaciones de discapacidad y soporte” por casi $60 millones.
Al igual que ocurre con Panelli, el fiscal Picardi tampoco involucró a Randazzo en el expediente por figurar en el cuaderno a pesar de que GMS S.A en 2014, con Cristina Kirchner en el poder y con Florencio Randazzo como Ministro del Interior y Transporte, le otorgó una adjudicación directa por $226 millones por la “adquisición de insumos para la elaboración documental del pasaporte electrónico nacional argentino para la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas” y otra por $1,4 millones por la “provisión de la infraestructura criptográfica PKI para el Renaper”, un contrato que se renovó en 2018, con el gobierno de Cambiemos.
El avance selectivo de la causa ANDIS sufre serias omisiones destinadas a blindar y a proteger una red de corrupción que funciona desde hace más de una década dedicada al saqueo fondos públicos y financiación política.
