Mercedes: a pesar de acuerdo judicial de años, Defensoria nunca le tramitó manutención y es acosada por Servicio Local

Los conflictos en juzgados de Familia están entre los más cuestionados en el sistema judicial argentino. Abusadores con custodia de sus hijos, inocentes denunciados falsamente desvinculados de ellos, cuotas de manutención que nunca llegan o padres devenidos en cajeros automáticos. La intervención de los Servicios Locales de niñez suele agravar estas situaciones con reportes vagos, cargados de ideología, o, en muchos casos de adopciones inexplicables, también de intereses oscuros.

En 2024, un fallo judicial determinó que la empresa Cotecsud S.A.S.E. debía retener el 20% del salario de Fernando Hoare para transferirlo a Magdalena Di Salvo en concepto de manutención por la hija de 6 años que tienen en común.

Sin embargo, Di Salvo afirma que nunca recibió ninguna transferencia. Según relata, tres abogados diferentes provistos por la Defensoría Pública se negaron a tramitar la ejecución de la medida. Para respaldar su versión, compartió con este medio un resumen bancario en el que no constan depósitos vinculados a la cuota alimentaria.

De acuerdo con su testimonio, tres abogados de la Defensoría Pública renunciaron a su representación. La madre señaló que las renuncias se produjeron tras reproches de su parte por la falta de avances en el expediente. “Admito que los insulté porque no hacen su trabajo. ¿Qué debería hacer frente a esta situación? Simplemente no hacen nada y encima se ofenden, los insulté y les grité por la impotencia que me hace sentir la falta de justicia por el simple hecho de que no tuvieron ganas de tramitar lo acordado”, expresó indignada.

Además del porcentaje salarial, el acuerdo establecía que Hoare debía proveer cobertura médica para la menor. No obstante, Di Salvo sostiene que no puede utilizarla porque nunca recibió la tarjeta correspondiente. Afirma que cada vez que cuando debió llevar a su hija al hospital le solicitan los datos de la obra social y no puede proporcionarlos, debiendo explicar que, si bien el padre la inscribió, no le entregó la credencial necesaria.

La mujer también indicó que su hija presenta un leve retraso en el habla y que el acuerdo contemplaba la financiación de tratamientos de psicopedagogía y fonoaudiología. Según su versión, esos pagos tampoco se concretaron.

Di Salvo asegura que el conflicto no se limita al aspecto económico. Sostiene que el padre de la menor la denunció por presunto maltrato y por no escolarizar a la niña, lo que derivó en intervenciones del Servicio Local de Niñez. Según afirma, el organismo la cita reiteradamente a reuniones, pero se niega a constatar la veracidad de las acusaciones.

Cuenta que el Servicio Local no envía personal a la institución educativa a la que asiste la menor para corroborar su escolarización, aunque mantiene las citaciones hacia ella. También asegura que Hoare la acusa, a través del mismo organismo, de amenazarlo e impedir la vinculación con su hija, algo que niega. En ese sentido, sostiene que tampoco se verifican las entregas de la menor a su padre o a los abuelos.

“No sé qué hacer. Por un lado, las decisiones judiciales no se implementan porque los abogados no quisieron trabajar; por otro, sus denuncias generan intervenciones de funcionarios que se niegan a constatar los hechos. Me dicen que mi hija no está escolarizada cuando sí lo está, o que no permito que vea a su padre cuando no es así, pero tampoco quieren confirmarlo. Mientras tanto, los abogados del Estado nunca hicieron nada para que mi hija reciba lo que le corresponde. Todos se ofenden cuando uno se enoja, pero se limitan a molestar sin hacer nada por mi hija”, manifestó.

Di Salvo agregó que no solo permite la vinculación con el progenitor, sino que incluso solicitó mayor presencia de su parte para poder trabajar, ya que asegura no percibir manutención ni la Asignación Universal por Hijo debido al salario registrado del padre, se encuentra en un limbo económico.

Ante este escenario, la mujer se pregunta qué pasos debe seguir si la decisión judicial ya fue dictada pero no se implementa y, al mismo tiempo, afirma sentirse hostigada por intervenciones de organismos de niñez que —según sostiene— no verifican las acusaciones que no solo denuncia como infundadas, sino que exige que sean constatadas o descartadas.