Mercedes: caranchos, una oficial judicial, una jueza y un impostor buscan expropiar el hogar de una jubilada

Marta Ricchini es una vecina de la ciudad bonaerense de Mercedes, reconocida por su compromiso contra la corrupción política y por su firme oposición al gobierno municipal de Juan Ustarroz.

Hoy enfrenta una situación devastadora: una orden de desalojo sobre la casa en la que vive desde 1953. La resolución fue firmada por la jueza María Silvia Guidoni, quien la calificó como una inquilina morosa a partir de un reclamo iniciado en 2012 por un supuesto heredero, Asai Carlos Eduardo Ceferino, representado por la abogada Carolina D’Angelo. Ambos acudieron a la oficina municipal de Catastro para obtener información sobre la vivienda y reclamar su propiedad.

El planteo resulta absurdo. Marta, de 73 años, vive en esa casa desde que nació. Nunca la abandonó. Nunca la alquiló. Nunca dejó de ser su hogar. Sin embargo, en 2012 recibió una visita que marcó el inicio de esta pesadilla: la oficial de Justicia Marcela Bacri, junto a la abogada D’Angelo, le informaron que era considerada una usurpadora y que debía desalojar el inmueble. El mismo inmueble cuyos planos fueron realizados hace décadas por la propia Marta.

Ricchini no entiende por qué la tratan como inquilina o intrusa del hogar que sus padres adquirieron hace ya ¾ de siglo. Sospecha que, en medio de la confusión y la presión, la hicieron firmar un documento que no correspondía. Lo cierto es que el supuesto heredero jamás acreditó un pago o un contrato que justifique su reclamo. Marta heredó esa vivienda y la habitó toda su vida.

Las irregularidades no terminan ahí. Marta sostiene —y abogados consultados por este medio lo confirman— que su caso fue abandonado, e incluso traicionado, por sus propias abogadas, identificadas por Marta como Nadia Roldán y Teresa Ocampo, oriundas de Luján. No presentaron documentación clave que podría haber esclarecido la situación. Y tras la resolución de la jueza Guidoni, ni siquiera se comunicaron con ella para informarle que estaba siendo desalojada y proponerle una alternativa.

El impacto fue brutal. Marta sufrió graves problemas coronarios y cayó en un cuadro depresivo que requirió atención en la Fundación Favaloro. La angustia no es abstracta: tiene nombre, tiene cuerpo y tiene consecuencias.

En Mercedes, cualquiera que haya vivido lo suficiente conoce esta historia. Sabe quién es Marta. Sabe que esa casa es suya desde siempre. No hay mercedino adulto que ignore esa realidad.

Por eso, lo que ocurre no es solo un expediente judicial. Es un intento de despojo. Una maniobra que involucra al reclamante Asai, a la abogada D’Angelo, a la oficial de Justicia Bacri, y que deja bajo una sombra inevitable a las abogadas Roldán y Ocampo, así como a la propia jueza Guidoni.

Más allá de los tecnicismos y de la alquimia judicial utilizada para legalizar la expropiación, el caso expone un problema más profundo y conocido en la ciudad: prácticas que se repiten, mecanismos que se naturalizan y una corporación judicial que opera con un nivel de impunidad alarmante. Todo esto, además, bajo la mirada de un Colegio de Abogados que, lejos de proteger a las víctimas, parece formar parte de un sistema que las deja completamente indefensas.

Esta no es solo la historia de Marta.
Es la historia de cualquiera que, de un día para otro, puede quedar a merced de quienes deberían garantizar justicia.