Mercedes: Un bebé podría quedar en adopción porque la policía no quiere entregar una notificación

El 14 de marzo, la Justicia de Mercedes ordenó la extracción de tres menores de su hogar tras constatar problemas graves de consumo de alcohol y cocaína por parte de su madre. Los hermanos mayores, de 12 y 8 años, fueron rápidamente acogidos por familiares. Pero el más pequeño, de apenas 18 meses, terminó en el hogar de abrigo Abelito, hasta que una de sus tías se ofreció a recibirlo y darle protección.

En tan solo tres semanas con su tía, el niño mostró una recuperación notable: subió de peso, completó el calendario de vacunación, accedió a controles pediátricos y recibió estimulación temprana. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Hace quince días, la madre biológica —en pleno brote psicótico— irrumpió en la casa de su cuñada para amenazarla y exigirle la entrega del menor.

Frente a esta situación, la tía solicitó una medida perimetral protectora. El Juzgado de Familia N.º 1 otorgó una orden de restricción de 200 metros. Pero lo que parecía un alivio derivó en un callejón absurdo: la Policía Bonaerense se niega a ejecutar la notificación, alegando que “no logra ubicar a la madre” e incluso respondiendo en la Comisaría de la Mujer que “no tienen por qué informar” si la orden fue entregada o no.

Esta omisión policial deja a la familia en un limbo peligroso. La tía, que asumió la responsabilidad de cuidar a su sobrino, ahora teme por la seguridad del bebé y por la de sus propios hijos. “No tengo la protección necesaria cuando me voy a trabajar. No puedo seguir poniendo en riesgo a mi familia”, expuso con desesperación.

Además, se le negó la designación de un abogado del niño con el argumento de que el pequeño “es muy chico para ser oído”, en abierta contradicción con el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño. Paralelamente, el Servicio Local —lejos de ofrecer respaldo— propuso como única alternativa la adoptabilidad del menor, desoyendo la voluntad de su familia de seguir cuidándolo.

El resultado es tan brutal como increíble: la vida de un bebé de 18 meses podría quedar marcada para siempre por la ineficiencia policial y la desidia institucional. Un simple trámite administrativo —la entrega de una notificación de restricción— se transformó en una amenaza real de desarraigo y de pérdida definitiva de su identidad familiar.