Ministro mercedino, Juan Bautista Mahiques, busca reducir penas para delitos de corrupción
El giro del Gobierno en la reforma penal no es un detalle técnico: es una decisión política con nombre y apellido. Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, el proyecto cambió de eje: endurece penas para delitos comunes, pero deja intacto el corazón del problema, los delitos de corrupción.
Lo que se presenta como “mano dura” es, en realidad, una selección quirúrgica de a quién castigar y a quién no. Según lo publicado por La Nación, el Gobierno decidió avanzar con más castigo para robos, hurtos y delitos cotidianos, mientras evita tocar las sanciones vinculadas a corrupción, un contraste difícil de justificar en un país donde ese tipo de delitos atraviesa al propio Estado.
El texto que se analiza ahora plantea una nueva condición objetiva de punibilidad del lavado de dinero, es decir, un criterio que debe cumplir para ser considerado delito.
La ley de 2024 fijó el piso para perseguir el lavado en 150 salarios mínimos, unos 52 millones de pesos. Por debajo de esa cifra quedan exentos de investigación.
Ahora se analiza elevar ese número a 5.000 millones de pesos, lo que impediría perseguir importantes casos en trámite.
Además, desaparecería o se debilitaría el castigo para los delitos contra el medio ambiente, según informó La Nación.
Desde la gestión en Justicia de Mariano Cuneo Libarona el gobierno ya había planeado quitar del proyecto la imprescriptibilidad para delitos de corrupción: lo anunciaron en medios para la tribuna pero lo eliminaron del borrador. Probablemente preocupados por el impacto que podrían tener causas como LIBRA o ANDIS.
El resultado es una reforma que parece pensada más para la tribuna que para resolver problemas estructurales. Se endurecen penas donde el impacto mediático es inmediato —delitos comunes que generan temor social—, pero se evita avanzar donde el costo político sería real. Es una lógica conocida: castigar al eslabón más débil mientras se preserva el circuito de poder.
No es menor que este rediseño haya ocurrido justamente tras la llegada de Juan Bautista Mahiques. El cambio de rumbo no fue casual ni técnico: fue una redefinición política de prioridades. En vez de una reforma integral, se optó por una reforma selectiva. Y en esa selección, la corrupción quedó afuera.
