Navarro: Corrupción sanitaria al desnudo y un Poder Judicial al servicio del poder político

En la ciudad bonaerense de Navarro, un grupo de concejales ha tenido el coraje de hacer lo que muy pocos se animan en la política local: exponer, con nombre y apellido, el entramado de corrupción que afecta al hospital municipal, y que ha sido sostenido con el silencio cómplice del poder judicial.

Todo comenzó como suelen comenzar las grandes tragedias argentinas: con el dolor silencioso de los vecinos. Quejas por la atención deficiente en el hospital municipal, falta de médicos, casos de mala praxis. Durante todo el 2024, concejales de diversos bloques intentaron obtener respuestas. Interpelaron incluso al intendente Facundo Diz, que no supo (o no quiso) dar explicaciones convincentes sobre el desastre sanitario en curso.

Lejos de buscar soluciones, el oficialismo vetó dos propuestas claves: una declaración de emergencia sanitaria y la creación de un consejo de gestión interna en el hospital. ¿El motivo? Evitar cualquier control. La situación llegó a un punto crítico cuando el municipio firmó un convenio con IOMA que dejó sin cobertura médica fuera de Navarro a 4.000 afiliados, obligándolos a atenderse en un hospital ya colapsado, bajo sospecha, y con médicos cuestionados.

Allí comenzó la verdadera investigación. Una comisión especial compuesta por los concejales Mateo Natalini (UCR-PRO), Horacio Rodríguez (Juntos Espacio Abierto), Soledad Lozano (La Libertad Avanza), Miguel Zavidowski (Frente de Todos) y Julieta Ravotti (Unión por la Patria) se lanzó a revisar la gestión del nosocomio. Y lo que encontraron fue, sencillamente, escandaloso.

La comisión descubrió contrataciones irregulares, incluyendo una médica sin título habilitante que ejercía utilizando una matrícula ajena, hecho denunciado por el propio Colegio de Médicos. También se detectaron historias clínicas falsificadas, como el caso de una familia que recibió el legajo de un fallecido con dos semanas de retraso, maquillado para ocultar negligencias.

Peor aún: se identificaron desvíos de fondos para el pago de sueldos por fuera del circuito legal, jefaturas inexistentes creadas para pagar “horas extras” que jamás se cumplían, y la injerencia de cooperativas militantes.

Pero cuando los concejales intentaron presentar públicamente su dictamen, ocurrió lo que en Argentina sucede demasiado seguido: la Justicia se convirtió en cómplice. En una maniobra digna de un thriller judicial, el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 emitió en tiempo récord una medida «pre-cautelar» que frenó la sesión deliberativa en la que se iba a debatir el informe. Lo increíble es que el propio juzgado reconoció su incompetencia en la materia, pero igual actuó para blindar al intendente Diz con una «pre-cautelar».

La medida fue solicitada un viernes y aprobada un lunes. 24 horas hábiles bastaron para que el poder político se asegurara impunidad judicial. El fallo obligó a los concejales a entregar toda la documentación en solo cinco días, en una clara maniobra dilatoria. Para Mateo Natalini, abogado y presidente de la comisión, el próximo paso es previsible: el juez intervendrá de nuevo para mandar la causa a la Corte Suprema bonaerense, donde podrá dormir el sueño de los justos hasta que Diz termine su mandato.

Pese a los obstáculos, los concejales aseguran que no se rendirán. “Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, dijo Natalini a este medio, y anticipó una presentación penal por los delitos detectados. Además, anunció que podrían crearse nuevas comisiones investigadoras.

Lo más asombroso —y, al mismo tiempo, más trágico— es que este acto de valentía es la excepción, no la regla. En ciudades vecinas como Mercedes, los concejales han permanecido de brazos cruzados ante hechos igual de graves: múltiples denuncias de mala praxis en el hospital Blas L. Dubarry, desvío de fondos, robo y reventa de opiáceos. Todo bajo la gestión compartida entre el gobernador Axel Kicillof y el intendente Juan Ustarroz. Nadie alzó la voz. Nadie investigó. Nadie pagó.

El caso de Navarro es una advertencia: cuando los representantes deciden hacer su trabajo, el sistema reacciona con toda su maquinaria para proteger a los corruptos. Pero también es una señal de esperanza: hay ediles (al menos en otras ciudades), hay ciudadanos, hay periodistas dispuestos a llegar al hueso, aunque les cueste caro.

La corrupción mata. Mata con bisturí, con anestesia vencida, con médicos truchos, con ambulancias sin nafta y con historias clínicas falsificadas. Pero también mata cuando la justicia se arrodilla, cuando la política se calla y cuando los medios miran para otro lado.

En Noticias Mercedes no vamos a hacerlo