Por qué el conurbano se “africanizó” y la estrategia de control que Juan Ustarroz imita gerenciando pobreza en Mercedes

La falta de cloacas, asfalto y electricidad, acceso a agua potable,  junto a la decadencia de los servicios de salud y otras carencias estructurales, se ha consolidado como rasgo definitorio de la identidad de la ciudad bonaerense de Mercedes.

La precarización estructural que sufre  Mercedes no es inevitable ni casual, tiene un objetivo claro como parte de un plan sistemático para incrementar las bases del clientelismo político, favores asistenciales, y otras prácticas que derivan en un verdadero control feudal, que van desde el control en la designación de cargos a cartoneros, hasta la designación de jueces locales y consejeros de la magistratura, el poder es absoluto.

En los barrios donde el Estado abdica de garantizar derechos básicos, los intendentes convierten la necesidad en herramienta de dominación: sustituyen derechos por favores. El agua, el techo, la comida, la electricidad, los subsidios o el empleo público dejan de ser políticas universales para transformarse en moneda de control distribuida por punteros, cooperativas y líderes barriales. Así se impone una dependencia personal, no institucional, donde los ciudadanos deben agradecer lo que les corresponde por derecho, y donde cada carencia amplifica el poder de los intermediarios y, en consecuencia, de los políticos que los sostienen y se perpetúan.

La precariedad reduce la autonomía ciudadana, pues sin propiedad formal ni servicios básicos los habitantes no pueden organizarse legalmente ni reclamar efectivamente. La infraestructura deficiente dificulta la fiscalización y el control institucional; sin catastro, registros de propiedad ni impuestos urbanos claros, se pierde toda trazabilidad financiera y control social. En este contexto, las obras públicas se fragmentan en microcontratos clientelares, como cooperativas afines, destinados a mantener fidelidad política más que a garantizar eficiencia.

El comercio y el transporte informal —ferias, colectivos, cartoneros y similares— se erigen en miles de puestos de trabajo dependientes de la “tolerancia” política. Los jefes locales, sea el  intendente o punteros, controlan los permisos, extrayendo beneficios económicos y políticos. Esa economía gris deja de ser un simple subsistema productivo y se transforma en un mecanismo de recaudación paralela y de consolidación de la fidelidad social.

Los intendentes cooptan consejos deliberantes, incluyendo a concejales opositores,, organizaciones sociales y medios de comunicación, neutralizando cualquier control ciudadano. Las obras públicas se asignan a empresas afines o familiares, reforzando un círculo cerrado de poder. Mientras tanto, la policía y las fuerzas de seguridad locales aseguran el orden político pero no el orden público.

Para destruir la independencia de los vecinos, los intendentes empiezan por destruir el empleo privado, creando tasas e impuestos impagables que ahuyentan a inversores privados, o bloquean el acceso de industrias a servicios públicos impidiendo su funcionamiento, logrando reducir el mercado laboral privado, obligando a los vecinos a subsistir de la caridad feudal.

En el caso de Mercedes, aunque no únicamente, también se implementó un plan sistemático para dificultar el acceso de niños a proteínas de alta disponibilidad, indispensables para su correcto desarrollo cerebral,  a la vez que se promovió el ingreso libre de cocaína y se atacó con vehemencia a las instituciones educativas y a la calidad docente, de manera que generaciones egresan de colegios sin saber leer correctamente.

Aunque hoy muchos intendentes intentan justificar décadas de desidia en la falta de subsidios nacionales, no hace mucho militaban el eslogan “El cemento no se come”, con el cual hacían de la precariedad, de la falta de rutas, caminos, asfalto y cloacas una bandera política contra el progreso y la inversión en infraestructura, sustituida por festivales, penes de madera para los alumnos, canchas de tejo, etc.