Preocupado, Milei retrocede y desactiva su propio anuncio sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción
El Gobierno había generado expectativa al anticipar que impulsaría la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, una demanda histórica de organizaciones cívicas y especialistas en transparencia. Sin embargo, pocas horas después del anuncio, La Libertad Avanza dio marcha atrás y dejó en suspenso cualquier avance concreto.
El retroceso dejó sabor a maniobra improvisada. La propuesta parecía demasiado ambiciosa para un oficialismo que, a lo largo del año, acumuló señales contradictorias en materia judicial. La más evidente: el intento de nombrar a Ariel Lijo en la Corte Suprema, un juez cuestionado por su desempeño en causas sensibles y señalado por su cercanía con distintos espacios políticos. El mensaje era difícil de disimular: la lucha contra la corrupción no parece ser una prioridad homogénea dentro del Gobierno.
La prescripción de delitos es, históricamente, uno de los blindajes más efectivos para garantizar impunidad. Lo saben todos los gobiernos. De hecho, en la política argentina persiste una cultura que apuesta al paso del tiempo como estrategia de supervivencia judicial.
La administración Milei no está exenta de controversias. Desde las denuncias alrededor de programas como LIBRA o ANDIS hasta episodios que involucraron a legisladores oficialistas con el narcotráfico, el Gobierno enfrenta cuestionamientos que, como ocurre en cada ciclo político, pueden desvanecerse si logra sostener el poder el tiempo suficiente para que opere la prescripción, la herramienta más eficaz en la arquitectura de la impunidad argentina.
En ese contexto, el repliegue de La Libertad Avanza respecto de la imprescriptibilidad no solo descoloca: confirma que, más allá de los discursos, ningún gobierno parece dispuesto a renunciar a la protección que ofrece el reloj judicial.
La noticia es especialmente decepcionante para los habitantes de feudos, como Mercedes, donde cada gobierno local logra establecer a sus propios jueces y fiscales (muchas veces de la misma familia) impidiendo cualquier proceso anticorrupción durante los mandatos.
