Mercedes: fiscal Luis Victorica imputa en cuestión horas, el 24 de diciembre, a un padre que denunció corrupción judicial en redes
La justicia de Mercedes ha vuelto a demostrar su faceta más arbitraria e idiota contra los ciudadanos. En menos de veinticuatro horas y en plena víspera de Navidad, 24 de diciembre, , el fiscal Luis Baraldo Victorica formalizó la imputación contra Maximiliano Olea, el padre que se atrevió a filmar y exponer graves irregularidades de una perito judicial en su causa.
Maximiliano Olea acumula un lustro sin poder ver a su hija en el marco de un sistema que, según denuncia, lo ha acusado sin pruebas y le ha negado sistemáticamente el derecho básico a ser oído o a ejercer su defensa. El pasado 5 de diciembre, a través del diario La Razón de Chivilcoy, Olea publicó una carta abierta dirigida a la justicia como un desesperado pedido de auxilio que este blog replicó, pero lejos de encontrar una solución legal, su situación empeoró tras el asedio institucional.
El conflicto escaló el 28 de noviembre con una denuncia de la perito del Juzgado de Paz de Chivilcoy, Aldana Tufilaro, quien logró una orden de restricción contra Olea bajo acusaciones que Olea logró desmentir mediante una grabación que documenta el encuentro y demuestra la ausencia de cualquier actitud violenta. Pero la maniobra derivó en una trampa procesal perversa, ya que la abogada de Olea renunció a su cargo y, para solicitar una nueva defensa, Olea cuenta que debe presentarse en el juzgado donde tiene la restricción vigente impuesta por la misma perito a la que él señala por pericias irregulares. En otras palabras, no puede defenderse.
Tras la difusión del video el 23 de diciembre por parte de Noticias Mercedes, la maquinaria judicial reaccionó con una celeridad muy distinta a lo acostumbrado. Mientras la sociedad se preparaba para la Nochebuena, el fiscal Luis Baraldo Victorica ya había generado un número de IPP para imputar a Olea.
Victorica cuenta con un gran número de antecedentes que incluyen la emisión de bozales legales contra denunciantes, armado de causas contra denunciantes que involucraron a familiares de funcionarios en el fraude de De Gruttola, y el hasta el uso de material judicial (de causas armadas por el mismo) con fines extorsivos.
Resulta revelador que la ira del sector judicial se haya despertado con tal magnitud el 24 de diciembre, que imputaron a Olea en cuestión de horas, en lugar de accionar contra el verdadero autor de la publicación, Ivan Vanney. Ese “descuido” y la velocidad extrema en fechas festivas no es un acto de justicia, sino un estupido y desesperado mensaje de amedrentamiento para quien se atreva a exponer la realidad de los pasillos judiciales.
