Tras denunciar a un jerarca, Servicio Penitenciario Federal ejecutó secuestro de una de sus funcionarias, la internaron en psiquiátrico y le quitaron a su hija

Tras denunciar a un jerarca, Servicio Penitenciario Federal ejecutó secuestro de una de sus funcionarias, la internaron en psiquiátrico y le quitaron a su hija

El 7 de enero de 2026, cerca de las siete de la tarde, sonó el timbre de mi casa en Mercedes. Cuando abrí la puerta, una vecina lloraba desconsoladamente. Era Marta Ricchini, una jubilada de 72 años, conocida y querida en la ciudad. Apenas podía hablar. Repetía, entre lágrimas, que habían secuestrado a su hija.

Su hija se llama Solange. Es funcionaria civil del Servicio Penitenciario Federal y trabajaba en el penal de Ezeiza. El domingo 4 de enero había salido de Mercedes rumbo a su jornada laboral, como tantas otras veces, dejando a su pequeña hija al cuidado de su madre. Desde entonces, nadie volvió a verla.

El llanto de Marta era tan intenso que tuve que pedir ayuda a otras personas para comprender lo que intentaba explicar. Poco antes, el 29 de noviembre, Solange había denunciado a su ex pareja por violencia física. Él no era un hombre cualquiera: era el Oficial Jefe Alcaide, Adrian Hugo Alberto Gaitan (Credencial 37.111), del Servicio Penitenciario Federal. A raíz de esa denuncia, fue desplazado de su cargo. Poco después, el 6 de enero, Solange desapareció.

Lo último que Marta escuchó de su hija fue un llamado breve, extraño, desesperado. Del otro lado del teléfono, entre llantos y gritos, Solange alcanzó a decir: “Mamá, me están llevando a cirugía por apendicitis”. La llamada se cortó. Nunca más volvió a comunicarse.

Horas después, dos integrantes del Servicio Penitenciario Federal, Erika Petrocevich y Antonela Montero, se contactaron con Marta para informarle que su hija había sido internada en la clínica psiquiátrica San Jorge, en la ciudad de Lanús. No dieron explicaciones. No hablaron de diagnóstico ni de motivos. Solo preguntaban insistentemente por la nieta de Marta, la hija de Solange, que estaba bajo su cuidado, y manifestaban su intención de ir a buscarla.

Nada cerraba. Marta y yo hablábamos una y otra vez, intentando entender cómo una supuesta apendicitis podía haber derivado en una internación psiquiátrica. La información era confusa, fragmentaria. El teléfono de la clínica San Jorge no comunicaba con ningún conmutador. Era imposible obtener datos. Las funcionarias del SPF se negaban a brindar explicaciones y se limitaban a preguntar por la niña.

En medio de esa confusión, solo una cosa era clara: Solange estaba desaparecida. Su último llamado no coincidía con lo que nos decían. Y entonces apareció un dato que empeoró todo. La clínica San Jorge había sido denunciada apenas tres meses antes, en octubre, por torturas, abusos a pacientes, medicación forzada y sujeción mecánica. La Comisión Provincial por la Memoria había presentado un habeas corpus colectivo tras constatar aberraciones dentro de esa institución.

Marta me contó que antes de venir a mi casa había ido a la Comisaría de la Mujer, a cargo de Vanesa Casas. Allí se negaron a atenderla. No tomaron su denuncia. Sin otra opción, nos dirigimos a la Policía Federal. Llegamos con información incompleta, confusa, casi desesperada. El comisario Pablo Díaz se presentó personalmente y comenzó a interrogar a Marta: la rutina de su hija, sus últimos movimientos, tatuajes, altura, fotografías, cualquier dato que pudiera servir. Finalmente, decidió comunicarse él mismo con Erika Petrocevich.

Petrocevich respondió cada pregunta con seguridad. Dijo que Solange había sufrido una crisis nerviosa en su trabajo, que ella misma había aceptado internarse, que permanecería incomunicada por 48 horas por protocolo y que al día siguiente podría volver a hablar con su madre. Salimos de la comisaría relativamente tranquilos. El comisario había hecho todo lo que estaba a su alcance.

Pero Solange nunca volvió a comunicarse. No solo siguió incomunicada más allá de las 48 horas prometidas, sino que permaneció aislada durante los diez días siguientes. Marta viajó entonces a Lanús y se presentó en la clínica. Allí enfrentó al doctor Daniel Jorge Serrani. Se negaban a darle información. Tras insistir durante horas, logró acceder a la orden de internación, que hasta ese momento le había sido ocultada.

Cuando finalmente pudo hablar con su hija, la verdad salió a la luz. Nada de lo que Petrocevich había dicho era cierto. Solange no tuvo ninguna crisis en su trabajo. Fue sacada de su casa, que alquila en Ezeiza,  por la fuerza por un vehículo del Servicio Penitenciario Federal. Varios agentes, vestidos de civil, fueron a buscarla. Sus vecinos fueron testigos. “Vamos a internarte”, le dijeron. Ella no entendía qué estaba pasando, alcanzó a suplicar que no la internen pero la ignoraron, según relataría más tarde, la amenazaron con que si no aceptaba internarse, la encerrarían por más tiempo.

Al llegar, una psicóloga del gabinete de bienestar del SPF, Macarena Dávalos, le ordenó que llamara a su madre y le dijera que la iban a operar de apendicitis. Cuando Solange empezó a hablar, el médico cortó la llamada. Ese fue el origen de la versión falsa que recibió Marta.

Pese a que en Argentina no existe la internación psiquiátrica compulsiva sin los requisitos legales correspondientes, los médicos se negaron a permitir que Solange se fuera. Marta salió de la clínica y se dirigió a un destacamento de la Policía Federal, pidiendo al menos que se comunicaran para dejar constancia de que las autoridades comenzaban a interiorizarse sobre lo que estaba ocurriendo.

La situación empezó a aclararse de la peor manera. Solange había sido secuestrada de su casa por miembros del Servicio Penitenciario Federal. Se había brindado información falsa a la policía. Y durante el operativo, también habían retirado a su hija, con la aparente intención de entregarla a su padre: el mismo jerarca del SPF denunciado por violencia.

Sin recursos, Marta regresó a Mercedes. Logré comunicarme con la clínica San Jorge y confirmé que Solange seguía allí. Se negaron a brindar incluso información básica sobre su estado de salud. El miedo en la voz de quien atendía era palpable, como si supieran que estaban participando de algo ilegal. En esa conversación se pudo saber que la internación había sido judicializada en el Juzgado de Familia N.º 3 de Lanús, a cargo de la jueza Juliana María del Valle Fayanás.

Al día siguiente intenté comunicarme con el juzgado. No atendían ningún teléfono, ni siquiera el de emergencias. Me vi obligado a contactar al Juzgado de Familia N.º 5 y explicar que el juzgado interviniente no respondía y que era urgente presentar un habeas corpus. Insistieron en que el Juzgado N.º 3 estaba funcionando, pero finalmente aceptaron recibir la presentación. Informaron, sin embargo, que dejarían de estar de turno ese mismo día. El habeas corpus fue enviado a ambos juzgados.

No hubo respuesta. Cuando insistimos, llegaron correos electrónicos afirmando que no podíamos presentar un habeas corpus sin abogado y solo a través de la Mesa de Entradas Virtual. Era falso. La ley argentina permite que cualquier ciudadano interponga un habeas corpus sin patrocinio letrado. Respondí eso al juzgado, que además se negaba a explicar bajo qué criterio habían internado a Solange. La conversación escaló. Finalmente, respondieron que aceptarían el habeas corpus si Marta se presentaba físicamente al día siguiente, pese a que podían haber verificado su identidad con el comisario Pablo Díaz, mencionado en la presentación.

Minutos después, Marta me llamó llorando de felicidad. Desde la clínica le habían dicho que su hija sería liberada. Al día siguiente no ocurrió. Recién al otro día le permitieron presentarse para retirarla. Cuando finalmente pudo hacerlo, Solange estaba en un estado físico deplorable: hinchada, debilitada, con el estómago severamente dañado por la medicación. Necesitó atención médica inmediata.

Liberada, Solange mostró una amenaza recibida el día antes de su internación por parte de su cuñado, Luis Alberto Gaitan, hermano del Oficial Alcaide denunciado y quien se desempeña como  jefe administrativo de la Unidad 19 de Ezeiza, quien hizo referencia a una supuesta “situación psicológica” y le prometió “hacer lo que sea” para quitarle a su hija si a esta le sucediera algo. En ese momento Solange ignoró el mensaje por considerarlo fuera de lugar e irreal.

Solange también pudo entrevistarse con un psicólogo, posterior a su internación, quien definió el operativo como “psicoeducación”, un método según el cual algunos profesionales  intentan hacer creer (o en los casos correctos, entender) al paciente que está psiquiátricamente enfermo.

Tras su liberación, tanto este medio como Solange intentaron consultar a Erika Petricevich los nombres de los penitenciarios involucrados en el operativo de internación, pero esta se negó a proporcionarlos, mientras que sin ningún pudor desde el Servicio Penitenciario Federal le exigieron que se reincorporara a su trabajo. Solange se negó.

Hoy, Solange intenta sobrevivir a lo que le hicieron. Busca recuperar a su hija, que también fue arrebatada durante el operativo y que aún no le quieren restituir. Esa es su única prioridad. Todo lo demás quedó atrás el día en que una denuncia por violencia doméstica se transformó en un encierro, un silencio forzado y una maternidad suspendida por el poder.