Fiscal mercedino, Sebastián Fedullo, calificó a Ritondo de “víctima” de abogado que lo denunció por tener 390 propiedades

El fiscal mercedino Sebastián Fedullo, quien se desempeña en la Ciudad de Buenos Aires y responde a Juan Bautista Mahiques, calificó a Cristian Ritondo como “víctima” del abogado anticorrupción lujanense Jeremías Rodríguez, quien lo denunció por enriquecimiento ilícito.

La denuncia judicial de Jeremías Rodríguez contra Ritondo se originó al descubrirse que el diputado goza de un patrimonio inexplicable que incluye cerca de 400 propiedades. A esa denuncia luego adhirieron otros denunciantes, como la diputada Mónica Frade.

Frente al proceso judicial, Ritondo inició una causa contra el abogado por “hostigamiento digital”, debido al número de publicaciones mediáticas que acompañaron la acción judicial, en una utilización del Poder Judicial como herramienta de presión política contra su denunciante.

El favor a Ritondo lo dispuso el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien entonces ocupaba el cargo de fiscal general de la CABA, a través de su subordinado, también mercedino, el fiscal Sebastián Fedullo, de la UFI PCyF N.° 12. El hecho, protagonizado por el denominado “clan judicial mercedino”, denigra a la Justicia porteña y la convierte en un reflejo de prácticas del ámbito judicial de Mercedes, donde fiscales y jueces actúan de forma implacable contra ciudadanos denunciantes de actos de corrupción.

Para justificar la protección del diputado (cabe aclarar, el más adinerado de la Cámara), Fedullo citó una publicación en la red social X en la que Rodríguez calificó de “mafioso” a Ritondo, a pesar de que jamás existió contacto directo entre denunciante y denunciado, en un intento de criminalizar la opinión pública crítica.

Noticias Mercedes se comunicó con Rodríguez, quien relató a este medio que, en una entrevista con el fiscal, le preguntó por qué no se acciona contra políticos que insultan a ciudadanos, mientras se utilizan recursos judiciales para perseguir a ciudadanos que critican a políticos, una pregunta que no obtuvo una respuesta satisfactoria.

De hecho, este mismo blog, en una rápida búsqueda, encontró a Ritondo realizando gestos obscenos en la Cámara de Diputados, formando un círculo con los dedos de una mano e introduciendo el índice de la otra, en un episodio en el que también se registraron insultos por parte del legislador. Sin embargo, en ese caso no hubo intervenciones similares por parte de Fedullo ni de Mahiques, a diferencia de lo que ocurre actualmente con Rodríguez, contra el cual se invierten recursos judiciales en respuesta a su denuncia por corrupción.

En su ejercicio, Fedullo atenta directamente contra la sociedad democrática, en la cual la crítica a los funcionarios públicos goza de una protección reforzada por el derecho internacional de los derechos humanos, con jerarquía constitucional en la Argentina (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional). El fiscal ignora además que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 13 y 14) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 19 y 25) garantizan la libertad de expresión, el derecho a difundir información e ideas y la participación en la vida pública.

En este marco, el discurso referido a asuntos de interés público —incluidas las denuncias de corrupción, el control del gasto estatal y la conducta de los funcionarios— constituye un discurso especialmente protegido, que goza del más alto nivel de resguardo jurídico en el sistema interamericano.

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de manera reiterada —entre otros, en “Kimel vs. Argentina”, “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” y “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”— que quienes ejercen funciones públicas deben tolerar un mayor nivel de escrutinio y crítica, incluso cuando esta resulte severa, por tratarse de cuestiones vinculadas al control ciudadano del poder. En igual sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación General Nº 34, sostiene que el debate sobre asuntos públicos debe ser amplio, robusto y desinhibido, y que los funcionarios están legítimamente expuestos a un examen más intenso por parte de la sociedad.

En este contexto, cualquier intento de perseguir, hostigar o escrutar a ciudadanos —especialmente a quienes denuncian hechos de corrupción o irregularidades, incluso a través de redes sociales— no solo resulta incompatible con estos estándares, sino que puede constituir una grave afectación a la libertad de expresión y al derecho a participar en los asuntos públicos, pilares esenciales de todo sistema democrático.