Mercedes: niño hiper violento, familia advierte, pide ayuda, y autoridades responden con indiferencia
En la ciudad bonaerense de Mercedes, una familia atraviesa desde hace casi una década una situación extrema que expone, con crudeza, las fallas del sistema de salud mental, educación y protección de la niñez. El caso gira en torno a un niño de 11 años con severos problemas psiquiátricos y conductuales que, según denuncian sus familiares, no recibe el acompañamiento profesional necesario y permanece sin escolarizar desde hace años.
El relato, sostenido por una de sus hermanas, describe un escenario que combina violencia cotidiana, desborde familiar y ausencia de respuestas institucionales. “Hace 9 años que mi mamá sufre y no nos dan ninguna solución. Siempre nos dicen ‘te vamos a llamar’, ‘te vamos a ayudar’, pero no pasa nada”, asegura.
El menor habría asistido apenas unos meses a primer grado. Actualmente, cursaría el equivalente a quinto año, aunque —según el testimonio— no sabe ni escribir su nombre. La familia afirma haber intentado inscribirlo en distintas instituciones educativas, sin éxito. “Naturalmente, le niegan la escuela por ser agresivo, pero tampoco le ofrecen otra alternativa”, explican.
La exclusión educativa se combina con la falta de dispositivos de atención adecuados. De acuerdo al testimonio, en el instituto Unzué no han obtenido respuestas concretas pese a múltiples consultas. “Nos dicen siempre lo mismo, pero no hay seguimiento real”, denuncian.
La familia describe episodios de extrema violencia protagonizados por el menor: desde agresiones físicas reiteradas hasta situaciones de riesgo con objetos cortantes. También mencionan ataques a otros niños en espacios públicos, llegando a quebrar el brazo de otro niño y a apuñalar a personas.
“El problema es que no solo está en peligro él, sino todos los que lo rodean. Es una situación que se puede desbordar en cualquier momento”, advierten. En ese sentido, el caso plantea una alarma clara: la falta de intervención adecuada no solo vulnera los derechos del niño, sino que expone a su entorno a situaciones límite.
El impacto en el núcleo familiar es devastador. Según el testimonio, la madre del menor habría atravesado al menos cuatro intentos de suicidio y cuenta con carpeta psiquiátrica activa. La sobrecarga emocional, sumada a la falta de asistencia estatal, agrava aún más el cuadro.
“Mi mamá no puede más. Está sola con esto”, resume la denunciante.
Otro de los puntos señalados es la escasa participación del padre, con un régimen de contacto limitado. La familia sostiene que han solicitado intervenciones para modificar esa situación, sin resultados.
Además, aseguran haber intentado establecer canales de diálogo con autoridades locales sin éxito, incluyendo pedidos de reunión con funcionarios municipales. “No sabemos a quién recurrir”, expresan.
El caso expone una problemática estructural: la falta de dispositivos intermedios para niños con padecimientos mentales severos y conductas violentas. Ni el sistema educativo ni el sanitario parecen ofrecer una respuesta adecuada, dejando al menor en una especie de limbo institucional. Esto ocurre mientras los profesionales de Salud Mental del área pública centran sus esfuerzos en jornadas sobre”lenguaje inclusivo” y travestismo, dilapidando recursos necesarios en casos extremos como el descripto.
Especialistas advierten que estos cuadros requieren abordajes integrales, sostenidos y coordinados entre salud, educación y justicia. Sin ese trabajo conjunto, el riesgo se multiplica.
Mientras tanto, en una casa de Mercedes, una familia sigue esperando ayuda. “¿Qué tiene que pasar para que actúen?”, se preguntan. La pregunta, por ahora, no tiene respuesta.
