agosto 30, 2025

Asesinos miembros del Poder Judicial de Dolores hostigan al padre de una de sus víctimas

El 29 de marzo de 2024, la vida de Guido Zarantonello fue arrebatada. Tenía sueños, tenía familia. Tenía futuro. Todo quedó truncado cuando Mónica Fortini, al volante con 1,7 gramos de alcohol en sangre, lo atropelló. Su muerte fue instantánea. Su ausencia, eterna. Y el grito de su padre, desgarrador.

Lo que vino después fue aún más cruel que el accidente mismo. La fiscal de turno, Graciela Luján Andriuolo, no ordenó la detención de Fortini. Ni una hora demorada. Ni una noche tras las rejas. Tras una simple extracción de sangre, se le permitió volver a casa. Mientras tanto, el cuerpo de Guido se enfriaba. Mientras tanto, una familia comenzaba su calvario.

“Además del vacío inconmensurable que me deja la muerte de mi hijo, debo soportar la burla de una justicia ciega, blanda, indiferente”, dice su padre. Porque en una ciudad como Dolores, cruzarse cara a cara con quien mató a su hijo es parte de su rutina. Y no solo eso: también debe enfrentar amenazas y coacciones por parte del marido de Fortini, Osvaldo Garay, empleado judicial. A plena luz del día. En horarios de trabajo. Violando medidas de restricción. Con impunidad. Con soberbia.

Garay, lejos de esconderse, lo denunció falsamente dos veces, intentando acallarlo, silenciar su lucha, impedir que muestre el rostro de quienes arruinaron su vida. “Logró una restricción para que yo no pudiera siquiera mostrar sus caras al mundo. ¿Eso es justicia? ¿Eso es proteger a las víctimas?”, se pregunta, con la voz quebrada por la rabia y el dolor.

Durante meses, este padre recorrió pasillos de tribunales, buscando ser escuchado, buscando algo de decencia. Hoy, por primera vez, presentó un escrito formal ante la Cámara de Apelaciones de Dolores. Contó todo. Cada amenaza. Cada violación. Cada gesto de amiguismo judicial. Lo hizo sin miedo, aunque vive rodeado de miedo. Lo hizo por Guido.

“La justicia debe tener la frente limpia”, dice. Pero con funcionarios como Fortini y Garay, lo único que se consigue es manchar aún más la institución, desprestigiarla ante la sociedad. ¿Cómo puede el pueblo confiar en un sistema donde los victimarios trabajan dentro del mismo edificio que debería impartir justicia?

Este padre pide algo que debería ser obvio: que se investigue, que se aparte a los responsables, que se ponga fin a la impunidad. “El dolor es inmenso. Pero aún más lo es la decepción. Estoy desamparado, abandonado por el mismo sistema que debería protegernos”, concluye.

En su infierno personal, exige una sola cosa: justicia. Para su hijo, para su familia, para todas las víctimas del olvido.