Fiscal Gral. Pablo Merola denunciado por maltrato con ensañamiento a empleada judicial

El jefe de fiscales del Ministerio Público de la ciudad bonaerense de Mercedes, Pablo Merola, cuenta con casi una treintena de denuncias por corrupción solamente en la Procuración.

Sin embargo, el hermetismo sobre esas causas que no avanzan es total, resultando en blindaje mediático, además del blindaje judicial para el jefe de fiscales del Ministerio Público más fiel del clan judicial del senador y ex ministro Eduardo “Wado” de Pedro.

Noticias Mercedes logró averiguar que entre las denuncias contra Merola hay causas por falsificación de pruebas y falsedad ideológica, encubrimiento de delitos e incumplimiento de sus deberes respecto a la famosa causa por la estafa De Gruttola en la que tomaron parte sus propios familiares, contra los cuales la fiscalía impidió ampliar testimonios.

Ahora también se supo que además de decenas de denuncias por corrupción, Merola cuenta con una grave denuncia interpuesta por la Asociación Judicial Bonaerense por maltrato y ensañamiento contra una empleada del Ministerio Público, aunque esta denuncia también permanece aletargada en un archivo.

La denuncia que comienza relatando delitos menores desde el primer día de contacto entre la víctima y Merola, como preguntas inadecuadas durante la entrevista laboral, termina describiendo hechos tan aberrantes como para provocar la pérdida de un embarazo.

Aunque pareciera tratarse de un asunto laboral, esta denuncia nos permite saber a qué nivel de arbitrariedad y psicopatía están sujetos los funcionarios del Ministerio Público, obligados a incumplir y violar leyes según la instruccion de su jefe, Pablo Merola.

La Asociación Judicial denunció que la víctima de esta historia es hostigada con ensañamiento por parte de Merola desde su primer día de trabajo, en el que fue trasladada a otro distrito judicial para cumplir bajo amenaza de despido funciones que no le correspondían tanto por encima como por debajo de su escalafón además de favores a superiores como la realización de trámites personales o hasta llevar vehículos al taller.

En concreto, parte de la denuncia narra la sobrecarga excesiva y arbitraria sobre la trabajadora, cuya descripción no podría resumirse en menos de una página entera dedicada a enumerar las tareas y “favores” que hasta parecían diseñados para humillarla.

En este sentido otro de los ejemplos ofrecidos en la denuncia describen cómo en ocasiones se la obligaba a transportar expedientes sin vehículo, teniendo que aguardar hasta que funcionarios de otros organismos dispuestos a transportarla cumplieran sus horarios.

Pero el verdadero calvario comenzó cuando la empleada judicial comunicó la situación a la Fiscalía General ante el Dr. Lisandro Masson, quien a pesar de mostrarse solidario con su colega en la entrevista, finalmente la sumarió en represalia por haber denunciado las irregularidades.

En este punto, la judicial ya había cultivado una enfermedad crónica generalmente atribuida al estrés, pero no fue suficiente para el sadismo de los jerarcas del Ministerio Público.

Tras el reporte a la Fiscalía General, además del sumario, el entonces Secretario General Dr. Pablo Illanes, decidió humillar a la víctima ante todos sus colegas ubicándola en una habitación denominada “pecera”, totalmente vidriada sin paredes, sin computadora, muebles, ni tareas que cumplir, prohibiendole además pegar papeles o cartulinas que interrumpieran su humillante permanente escrutinio público mientras era obligada a estar sentada sin funciones.

Solamente al quedar embarazada, alguien se compadeció y le asignaron una computadora, pero el acoso lejos de disminuir aumentó al punto de que un colega hurtó su teléfono, a la vez que desde fiscalía archivaron la denuncia por ese hurto e impidieron su ingreso a la Procuración.

Fue en este contexto que la víctima sufrió la peor de las consecuencias para ella y su familia con la desastrosa pérdida de su embarazo.

Y fue solo tras la pérdida de su embarazo que finalmente, su solicitud de trabajar en Mercedes fue aceptada, pero sin fin del calvario.

En el 2013, la Fiscalía General, abrió una investigación por un supuesto mal desempeño de la víctima. El objetivo no era adjudicarle un error injustamente, sino mantener la investigación abierta el tiempo suficiente para boicotear una posibilidad de ascenso.

Finalizado el plazo, la investigación en su contra se cerró a su favor, pero sirvió para que todos sus compañeros menos ella lograran ascender. Un castigo que solo fue rectificado en 2019, cuando recibió su ascenso con 6 años de retraso.

Además de esa investigación maliciosa que impidió su ascenso, la Asociación Judicial resaltó que con el fin de impedir el desarrollo profesional de la empleada, se le negó acceso a jornadas de capacitación.

De hecho, ante otra oportunidad de ascenso en el 2022, Pablo Merola para evitar específicamente su ascenso, decidió arbitrariamente que la fecha del último ascenso no podía ser inferior a 5 años y la antigüedad en el cargo debía ser mayor a 6 años. La única en no ascender fue la víctima.

La Asociación Judicial también denunció que, insatisfechos con la pérdida de su embarazo,  estando embarazada nuevamente, de 6 meses fue obligada a hacerse cargo de la recepción de vísceras  de una autopsia,  y que otros funcionarios sufrieron coerción y presión para marginar a la víctima y para aplicarle calificativos despectivos. 

Noticias Mercedes contactó a la víctima, que se negó a colaborar con esta nota aportando información adicional, aunque confirmó la existencia de la denuncia y solicitó que de publicarse el caso, su identidad permanezca reservada.

No es la primera vez que Pablo Merola es acusado de maltrato a subalternos, en el 2014 fue cuestionado por la misma Asociación Judicial tras haber dejado en la calle a una funcionaria sin ningún fundamento.