Intendente Juan Ustarroz y juez federal de Mercedes intentaron encubrir fraude de USD$1000 millones de dólares anuales
En la ciudad bonaerense de Mercedes, un entramado de corrupción política y judicial quedó expuesto. El intendente Juan Ustarroz y el juez federal militante Elpidio Tezanos Pinto Portocarrero fueron expuestos al intentar encubrir un fraude monumental: USD 1.000 millones anuales en pensiones por discapacidad otorgadas de manera irregular.
En 2023, apenas un mes antes de perder las elecciones, Ustarroz aceleró el trámite de cientos de pensiones por discapacidad, sumadas a miles ya otorgadas en años anteriores. No eran ayudas genuinas, sino prebendas para militantes de su espacio político. Un último acto desesperado para asegurarse fidelidad antes de perder el control de las cajas nacionales.
La maniobra fue tan burda que hasta trasladó a su hija desde el Ministerio de la Mujer —prometido a cerrar por el nuevo gobierno— hacia la ex AFIP, en un claro ejemplo de cómo el poder local se mueve para proteger privilegios familiares y amigos.
Estas pensiones irregulares no son un hecho aislado: forman parte de un mecanismo repetido por gobiernos peronistas, donde el beneficio se intercambia por militancia. En Mercedes, La Cámpora sigue controlando la emisión de los Certificados Únicos de Discapacidad, negándolos a personas que realmente los necesitan y entregándolos a compañeros de militancia o allegados.
Cuando una auditoría amenazó con destapar el fraude, Ustarroz recurrió a un viejo aliado: el juez federal Tezanos Pinto Portocarrero. El magistrado, de probada alineación con La Cámpora, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad detener la investigación para evitar que se destaparan las irregularidades. Pero no pudo tapar todo.
La Agencia Nacional de Discapacidad finalmente expuso el escándalo, a pesar de la resistencia del poder judicial de Mercedes.
El apuro del intendente y el juez tenía una explicación: decenas de miles de pensiones irregulares, un fraude estimado en mil millones de dólares.
Este no es el primer favor judicial que Tezanos Pinto Portocarrero otorga a su círculo político. Este mismo medio denunció su llegada irregular al cargo, quedando último en el concurso y asumiendo contra el procedimiento. Desde entonces, intervino en al menos dos causas de alto perfil para proteger negocios de La Cámpora:
- Blindó judicialmente a Sergio Massa, Carla Vizzotti y Alberto Fernández en una causa por la falta de insumos médicos debido a trabas a la importación.
- Permitió que el basural ilegal de Luján continuara funcionando, un negocio valuado en cerca de USD 20 millones, protegido bajo su manto judicial.
En Mercedes, el poder político y el judicial se dan la mano para tapar fraudes que desangran al Estado. Los beneficiarios son los mismos de siempre: los amigos del poder. Las víctimas también: los verdaderos discapacitados, los contribuyentes y la democracia misma.
Lo que este caso demuestra es que el problema no es la falta de leyes o de organismos de control, sino que quienes deben hacer cumplir la ley son parte del engranaje que la viola.
