Sistema Judicial de Mercedes ignora dos días de asueto para notificar dos veces a ciudadano que denunció corrupción judicial en redes
La Corte Suprema bonaerense declaró asueto administrativo y judicial los días 24, 26 y 31 de diciembre. Sin embargo, los días 24 y 26 el Sistema Judicial de Mercedes y una perito de Chivilcoy se activaron para intentar frenar publicaciones de un padre que denunció corrupción judicial en redes sociales, en el contexto de una disputa por la desvinculación de su hija.
Durante los días de asueto, Maximiliano Olea, vecino de Chivilcoy que denunció en redes sociales irregularidades en su proceso judicial, fue notificado por dos causas de desobediencia diferentes debido a sus publicaciones: una con IPP 09-00-020427-25 y otra con IPP 09-00-020416-25.
Uno de los puntos que preocuparían a la perito denunciante, Aldana Tufilaro, y al Poder Judicial de Mercedes es que Olea denunciaba haber quedado sin abogado durante el proceso de desvinculación de su hija, es decir, sin representación legal. La misma perito judicial a la que él acusa de diagnósticos irregulares le impuso una orden de restricción que, según denuncia, le impide solicitar un nuevo abogado provisto por el juzgado tras la renuncia de su abogada anterior.
Pero lo que más irritó al Poder Judicial de Mercedes es que Olea grabó la discusión con Tufilaro, a partir de la cual se le impuso una orden de restricción, impidiéndole además el ejercicio de su derecho a defensa.
En la discusión con Tufilaro, grabada por Olea, no se observan incidentes de violencia, insultos ni gritos. En ese intercambio, Olea pregunta insistentemente por qué no puede ver a su hija. Tufilaro se muestra incómoda, sin dar respuesta, y en cambio lo invita a reunirse en privado, algo que, por motivos evidentes, Olea rechazó. En ningún momento hay acciones que justifiquen una restricción perimetral. De haber aceptado Olea reunirse en privado con Aldana Tufilaro, hoy podría estar siendo acusado de cargos mucho más graves que los de desobediencia.
El hecho dejó en evidencia la arbitrariedad con la que se imponen (o se niegan) órdenes perimetrales, en este caso empleada como una venganza personal por parte de una perito judicial. La publicación del video generó reacciones masivas, incluyendo de usuarios que aseguran ser víctimas de irregularidades de parte de la misma funcionaria.
A esto se suma la activación del Ministerio Público Fiscal de Mercedes, que trabajó durante dos días de asueto para notificar a Olea, mientras que frente a delitos reales normalmente los ciudadanos deben aguardar, o incluso insistir, para que se les informe los números de IPP de sus denuncias. Además, el Ministerio Público Fiscal de Mercedes, a cargo del fiscal general Pablo Merola, cuenta con un amplio historial de antecedentes en imposición de bozales legales y contradenuncias, incluso de oficio, contra ciudadanos denunciantes de corrupción judicial.
Hasta donde pudo averiguar este blog, aunque sin confirmar, la Justicia incluso ya habría interrogado al autor de otro medio de comunicación que replicó los reclamos de Olea, pero aun no realizó ninguna notificación contra este blog, donde se difundieron públicamente el caso y el video que expuso a la perito.
