Mercedes: intendente Juan Ustarroz realizó pagos millonarios sin controles ni expedientes
La municipalidad de Mercedes vuelve a quedar bajo la lupa tras un informe del Tribunal de Cuentas que detectó graves irregularidades en la compra de alimentos destinados a asistencia social durante 2024, según informó el medio RealPolitik.
Según el organismo de control, se realizaron pagos por más de cuatro millones de pesos en productos básicos como azúcar, arroz y polenta sin cumplir con los procedimientos administrativos obligatorios. Se trata de productos que el jefe comunal utiliza para comprar militantes entre los sectores vulnerables, explotando la pobreza.
El dato más sensible no es solo el monto, sino la forma en que se ejecutó el gasto: no hubo expediente, ni orden de compra, ni solicitud formal previa. Es decir, los alimentos fueron adquiridos y pagados por fuera de todo circuito legal de control.
Las operaciones observadas incluyen pagos a proveedores particulares —no empresas registradas como contratistas habituales del Estado— lo que agrava el cuadro. Además, no existió comparación de precios, licitación ni ningún tipo de competencia entre oferentes, eliminando los mecanismos básicos de transparencia en el uso de fondos públicos.
La maniobra fue posteriormente “regularizada” mediante una autorización excepcional firmada por la intendenta interina, pero el Tribunal fue claro: esa formalización tardía no corrige la irregularidad.
A pesar de estas observaciones, la rendición de cuentas fue aprobada. Sin embargo, el organismo aplicó sanciones: el intendente recibió una multa y varios funcionarios clave fueron alcanzados por llamados de atención por incumplimientos en la administración de fondos públicos.
El argumento oficial fue que se trató de una situación de urgencia vinculada a asistencia social. Pero el Tribunal rechazó esa explicación como justificativo suficiente, remarcando que los procedimientos existen precisamente para evitar discrecionalidad en la elección de proveedores y en la fijación de precios.
El caso deja una conclusión incómoda: aunque no se acreditó un perjuicio económico directo, el municipio ejecutó millones de pesos por fuera de las normas básicas de control. En un área especialmente sensible como la asistencia alimentaria, la falta de expediente no es un detalle técnico, sino una señal de un sistema donde los mecanismos de transparencia pueden ser ignorados sin consecuencias estructurales.
El caso además expone la inacción local del Poder Judicial, fuertemente vinculado al intendente, que pese a años consecutivos de observaciones y sanciones por parte del Tribunal de Cuentas, nunca realizó investigaciones.
