Mercedes: reportan aprietes del Colegio de Abogados a profesionales que combaten la corrupción
En la ciudad bonaerense de Mercedes, desde hace tiempo circula entre los vecinos una advertencia recurrente: “Ante un conflicto legal contra un organismo público o un funcionario, nunca se debe contratar a un abogado de Mercedes, porque pactan con la otra parte y acostumbran a vender al cliente. El abogado está obligado a pactar; de lo contrario, los jueces y fiscales de Mercedes le harán perder sus casos futuros”.
Un nuevo episodio incorpora a esa controversia al Colegio de Abogados del Departamento Judicial Mercedes, presidido por el Dr. Horacio Oscar Deluca. La institución inició un expediente disciplinario contra una abogada que representa a una madre en un juicio contra el Servicio Local de Niñez de Nueve de Julio por el retiro irregular de sus hijos del hogar familiar.
El caso trascendió a los medios de comunicación y fue publicado por El Censor de Bragado, Noticias Mercedes y RealPolitik. La causa adquirió mayor relevancia cuando la abogada del Servicio Local, Marilina Valle, solicitó al Poder Judicial la censura de los artículos periodísticos.
Desde el Colegio de Abogados de Mercedes impulsaron un expediente disciplinario contra la abogada que representa a la madre, en el que la acusan, sin aportar pruebas, de haber filtrado información del expediente judicial a los medios de comunicación.
Los medios involucrados entendemos que el presidente del Colegio de Abogados, Horacio Deluca, desató una cacería de brujas para intentar identificar a las fuentes periodísticas, que no corresponden a la abogada sometida al proceso disciplinario.
El episodio vuelve a encender las alarmas entre los vecinos de Mercedes y entre quienes deben litigar en el Departamento Judicial Mercedes, al exponer las presiones que enfrentan los abogados matriculados cuando asumen la defensa de clientes en conflictos contra organismos públicos o funcionarios.
Con anterioridad, en el Departamento Judicial Mercedes también intervinieron jueces y fiscales para imponer bozales legales y restricciones a la difusión de información vinculada a procesos judiciales que despertaron un fuerte rechazo público.
