Mercedes: Servicio Local le adjudicó antecedentes penales de otra persona y le sacaron a sus hijos

El calvario de la familia Lanche comenzó cuando el Servicio Local de la ciudad bonaerense de Mercedes utilizó un engaño para separar a una madre de sus hijos y posteriormente retirarlos de su hogar. La medida, adoptada bajo el pretexto de protección infantil, se basa en pruebas erróneas que, según afirman, confunden los antecedentes penales del padre biológico con su actual pareja.

El 5 de abril de 2023, Personal del Servicio Local se presentó muy amistosamente en un hogar precario, ubicado en un terreno tomado, para comunicarle a Daniela Juarez que debía dirigirse con sus hijos a las oficinas del organismo en relación a papeleo vinculado al tratamiento psicológico de uno de ellos.

Bajo mucha insistencia por parte de miembros del Servicio Local aunque sin sospechar que se trataba de una trampa, Juárez accedió a subir al auto del Servicio Local con 2 de sus hijos de 7 y 2 años (su otra hija estaba en el jardín), que la llevó hasta el Instituto Unzué, donde recién le comunicaron que le quitarían a sus por 180 días bajo una medida conocida “abrigo”.

Mientras le quitaban a su hijo en Unzué, otros miembros del Servicio Local se dirigieron al jardín de infantes de su otra hija de 5 años, también para retirarla de la custodia de su madre.

Así, desde abril del 2023 la familia Lanche perdió a sus hijos, que ahora el Servicio Local planea ofrecer en adopción.

Lo insólito del caso, es que para tomar la medida de abrigo, Daniela contó que el Servicio Local adjudicó a la actual pareja de Juárez, Francisco Lanche,  los graves antecedentes de violencia doméstica de su ex pareja, Cristian Gutierrez, padre biológico de las criaturas, quien por denuncia de la propia Daniela Juarez fue encarcelado, aún está preso y no forma parte del núcleo familiar desde el 2019.

Es decir que una familia que fue víctima de violencia doméstica brutal ejercida por el padre de los niños, y que logró reconstruirse tras el encarcelamiento de éste con una nueva cabeza de familia, fue revictimizada por el Servicio Local en una suerte de alquimia legal a través de la cual utilizaron los antecedentes penales de Cristian Gutierrez contra Francisco Lanche para quitarle a sus hijos.

Lanche y Juárez, una familia trabajadora y afirman carecer de antecedentes penales, pero también carecen de los recursos para enfrentar el complejo entramado legal y burocrático del Servicio Local. Él se desempeña como albañil, mientras que ella asiste a la escuela nocturna para completar su educación. La falta de medios económicos parece haber jugado en su contra en un sistema que, según denuncian diversas familias, actúa con arbitrariedad en perjuicio de los sectores más vulnerables.

El Servicio Local está facultado para aplicar medidas de abrigo por un período máximo de 180 días, tiempo en el cual se supone que se debe evaluar la situación y trabajar en la restitución de los menores a su núcleo familiar. Sin embargo, en múltiples casos estas medidas se extienden de manera indefinida, especialmente cuando las familias no tienen los medios para litigar y defenderse. Esto ha llevado a que numerosos niños sean entregados en adopción sin pruebas concretas que justifiquen la privación del derecho de sus padres a criarlos.

La familia Lanche enfrenta un proceso complejo, con la incertidumbre de no saber si volverán a reunirse con sus hijos. Mientras tanto, crece la preocupación sobre la actuación del Servicio Local de Mercedes y la falta de mecanismos efectivos de control que garanticen que las decisiones tomadas realmente respondan al interés superior de los niños y no a errores administrativos o abusos de poder.