Paula Lambruschini: 47 años de silencio para una víctima que el Estado se niega a reconocer

El 1 de agosto de 1978, una bomba estalló frente a un edificio en el barrio porteño de Belgrano. El blanco era el almirante Armando Lambruschini, entonces miembro de la Junta Militar. Pero la explosión mató a su hija de 15 años, Paula Lambruschini, entre otros habitantes del edificio.

El atentado fue perpetrado por la organización armada Montoneros, concretamente por la militante mercedina Lucila Révora, madre del actual dirigente peronista y exministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Révora, participó en una escalada de violencia que incluyó ataques a objetivos civiles, colocación de explosivos y asesinatos de menores de edad.

En el ataque que tuvo a Paula como principal víctima, también fueron asesinados Margarita Obarrio, una docente jubilada de 82 años, un vecino de nombre Ricardo Álvarez, mientras otros 10 vecinos resultaron heridos por la explosion de la bomba.

A 47 años del crimen, sus víctimas permanecen olvidadas por el Estado argentino. En contraste, quienes integraron las organizaciones armadas responsables del atentado, no sólo han sido excarcelados e indultados, sino también indemnizados con cifras millonarias, homenajeados como “víctimas del terrorismo de Estado” y, en muchos casos, ocupan o han ocupado cargos públicos clave, ministerios, o forman parte de fundaciones que recibieron subsidios estatales en nombre de los derechos humanos.

El “negocio de la memoria”

Según informes oficiales, desde la década del ’90, se pagaron más de 13.000 indemnizaciones a supuestas “víctimas del terrorismo de Estado”, con montos que van desde los millones de pesos a sumas en dólares. La ley 24.411, sancionada en 1995, abrió la puerta para que exguerrilleros con prontuario accedieran a estos beneficios. En 2023, el propio Ministerio de Justicia confirmó que aún existen miles de solicitudes activas de reparaciones económicas.

Entre los beneficiarios se encuentran integrantes del aparato armado de Montoneros y vinculados al atentado contra la familia Lambruschini. En su nombre, descendientes controlan  organismos de derechos humanos, cobraron abundantes reparaciones que incluso utilizaron como pretexto para justificar el incremento de su patrimonio en la función publica, y hasta editaron documentales financiados por el INCAA, en los que  se los presenta como “luchadores populares”.

Incluso la figura de Lucila Révora ha sido oficialmente reconocida como “desaparecida”, sin mención alguna a su responsabilidad en atentados. Su nombre aparece en homenajes estatales, y su historia es parte del relato conmemorativo del 24 de marzo. Su hijo, Wado de Pedro, la ha reivindicado públicamente como “militante política”, sin reconocer su rol en actos de violencia.

Una memoria sesgada por el dinero

Mientras los responsables del asesinato de Paula Lambruschini reciben honores y beneficios, la víctima sigue sin ningún tipo de reconocimiento oficial. No hay actos conmemorativos del Estado, ni placas, ni pedidos de justicia. Tampoco hay acceso a reparación económica para los familiares, ni visibilidad en los espacios públicos.

El relato oficial ha sido capturado por una visión parcial de la historia, donde se honra a una parte —la que inicialmente empuñó las armas contra un gobierno constitucional desatando una guerra civil— y se invisibiliza a las víctimas civiles de los atentados guerrilleros.

A 47 años del asesinato de Paula, la impunidad no sólo persiste: se institucionalizó.
El Estado argentino financia con recursos públicos la reivindicación de sus asesinos, mientras calla frente al dolor de las víctimas.