Vanesa Siley, mercedina que fue meretriz de Alberto Fernandez es cuarta en lista de Fuerza Patria
El cuarto lugar en la lista a diputados nacionales del partido Fuerza Patria pertenece a la mercedina Vanesa Siley, integrante del clan judicial dirigido por Eduardo “Wado” de Pedro.
Su nombre no es nuevo en el mapa de poder. Desde hace años la diputada integra el Consejo de la Magistratura, organismo donde se deciden los ascensos y sanciones de jueces y fiscales. Allí, Siley ha jugado un rol central en blindar a magistrados amigos, perseguir a jueces que investigaban corrupción y consolidar, en cooperación junto a Gerónimo Ustarroz y Santiago Révora, entre otros, una red de lealtades familiares y políticas que atraviesa el Poder Judicial argentino.
Entre los jueces atacados por Vanesa Siley se encuentran Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Claudio Bonadio, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Sandra Arroyo Salgado, todos ellos mientras administraban causas sensibles por corrupción.
Por otro lado, entre los jueces protegidos por Siley como consejera de la Magistratura se encuentran Canicoba Corral y Luis Rodríguez, conocidos por pactar el cierre o archivo de causas.
En agosto de 2024, una decisión de Siley generó indignación pública: votó activamente para defender la jubilación de privilegio del expresidente Alberto Fernández, junto a la también mercedina Sabrina Selva. El proyecto, que buscaba terminar con beneficios millonarios para exmandatarios, quedó bloqueado gracias a ese voto disciplinado. En lugar de ponerse del lado de millones de argentinos que cobran jubilaciones mínimas devastadas, Siley prefirió garantizar que un expresidente cuestionado judicialmente siga percibiendo cifras astronómicas de por vida.
Esto no fue casualidad: Siley también integraba la lista de meretrices que visitaron a Alberto Fernández en Olivos durante la cuarentena, pero la causa por esas visitas en plena pandemia cerró hábilmente sin mayor indagatoria.
En agosto de 2024, además, votó en contra de ampliar el Banco Genético para delincuentes sexuales, una iniciativa crucial para la protección de víctimas de abuso. Su negativa favoreció directamente a violadores, una decisión política que pone en entredicho su supuesta postura feminista.
