Mercedes: enfermera del Hospital Dubarry denuncia represalias tras exponer extorsiones sexuales
La profesional fue desplazada de su puesto de supervisión en Terapia Intensiva; ahora denuncia maniobras irregulares para excluirla mediante una votación manipulable.
La enfermera S.H., trabajadora del Hospital Blas L. Dubarry de la ciudad bonaerense de Mercedes, volvió a denunciar públicamente maniobras de represalia institucional luego de haber sido desplazada de su rol como supervisora de Terapia Intensiva. La profesional sostiene que su salida inicial fue consecuencia directa de haber rechazado propuestas sexuales por parte del enfermero interino Fabio Montoya, quien habría sido respaldado por autoridades hospitalarias.
En un mensaje dirigido al grupo de supervisores, la enfermera expresó que continúa siendo blanco de intentos de apartamiento injustificado, esta vez mediante un proceso electoral improvisado y presuntamente manipulado. Según relató, tras una reunión entre jefes de departamento, se le informó que debía someterse a una votación entre compañeros para ser confirmada en el cargo, debido a la vacancia dejada por la salida de la anterior jefa del sector. Si bien aceptó la posibilidad de una elección transparente, advirtió sobre la instalación de una urna sin controles ni garantías, desde la mañana del mismo día, sin mecanismos que eviten su manipulación.
“La urna puede ser manipulada por cualquiera, así esté sellada”, denunció S.H. en su mensaje, en el que además criticó al enfermero Montoya por seguir teniendo poder sobre el proceso pese a las denuncias previas. También manifestó que el equipo de Terapia Intensiva propone una votación directa, secreta y en presencia de todos los compañeros, para asegurar transparencia y legitimidad.
La profesional ya había advertido públicamente sobre desplazamientos laborales tras denunciar el acoso sexual, hecho que fue publicado inicialmente por este medio. En esa ocasión, señaló haber sido removida sin justificación y reemplazada por personal afín al poder político local.
La situación reviste extrema gravedad institucional, dado que se trata de un ámbito sanitario público y que los hechos involucran posibles delitos como acoso sexual, abuso de autoridad y persecución laboral. La falta de respuestas y la continuidad de las represalias exponen fallas en los mecanismos de protección de los derechos laborales y personales de trabajadores del sistema de salud.
Anteriormente otra enfermera que denunció un desplazamiento injustificado acabó con su vida usando fentanilo solo pocas semanas después de que una médica terminará con su vida de la misma forma, mientras que autoridades hospitalarias y judiciales ignoran las denuncias por tráfico de opiáceos.
