Pablo Giles: otro hombre de Wado de Pedro identificado como responsable del ataque a TN
En un nuevo giro que profundiza la crisis institucional tras los ataques a los canales TN y El Trece, la justicia identificó a otro de los agresores como un hombre del círculo íntimo del actual senador Eduardo “Wado” de Pedro. Se trata de Pablo “Tato” Giles, ex funcionario del Ministerio del Interior y dirigente de La Cámpora, quien habría participado activamente de los destrozos registrados en los estudios del Grupo Clarín en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según registros de cámaras de seguridad, testimonios y evidencia fotográfica ya incorporada en la causa, Giles fue captado en las inmediaciones del canal, sin disimular su presencia ni identidad, a diferencia de otros atacantes encapuchados. Su rol político durante la gestión anterior fue de peso: integró el equipo directo de Wado de Pedro, como Subsecretario de Relaciones Municipales, con fuerte presencia territorial en la provincia de Buenos Aires. Además, figura en reiteradas oportunidades en actos oficiales del Frente de Todos junto al propio De Pedro y otros referentes camporistas.
Esta revelación se suma a la ya confirmada identificación de José Lepere, ex viceministro del Interior de Alberto Fernández y también miembro de La Cámpora, como otro de los participantes en el asalto. Ambos dirigentes, lejos de ser marginales, forman parte del núcleo político que durante años concentró recursos del Estado nacional. La evidencia en su contra deja en evidencia que el episodio del 12 de junio no fue un acto espontáneo de enojo militante, sino una acción con planificación y participación de cuadros medios del poder político nacional.
Los hechos, que incluyeron agresiones a periodistas, destrucción de bienes públicos y privados, y amenazas a empleados del canal, se produjeron minutos después de que la Corte Suprema confirmara la condena por corrupción a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El mismo día, redes vinculadas a sectores duros del kirchnerismo convocaban a manifestarse frente a TN, acusando a la prensa de “partícipe del lawfare”.
Pese a la gravedad del caso, y al hecho de que uno de los implicados continúa en funciones públicas, no se ha emitido hasta el momento ninguna declaración institucional del Ministerio del Interior, ni de La Cámpora, ni del propio Wado de Pedro. El silencio es atronador. Tampoco se conocen medidas disciplinarias ni pedidos de licencia por parte de los implicados. Desde el Grupo Clarín y entidades como ADEPA ya se han emitido comunicados de repudio, reclamando una “investigación urgente” y el fin de la impunidad.
El hecho de que funcionarios del mismo ministerio que debería velar por el orden institucional sean ahora señalados como protagonistas de un ataque contra la libertad de prensa, siembra dudas profundas sobre la responsabilidad política y el control interno de las estructuras del Estado. El vínculo directo con De Pedro, quien sigue teniendo fuerte gravitación en el aparato judicial a través de sus aliados y familiares, plantea además interrogantes sobre la independencia con la que se desarrollará el proceso penal.
Mientras tanto, la fiscalía continúa con las actuaciones. El expediente incluye decenas de imágenes y testimonios que apuntan a una célula organizada, con logística y comunicación previa. Las detenciones por ahora son mínimas, y las sospechas de encubrimiento crecen, especialmente cuando los acusados siguen ocupando lugares de poder.
La democracia argentina atraviesa un momento crítico, donde la violencia política reaparece disfrazada de protesta y los vínculos entre quienes gobiernan y quienes agreden a la prensa ya no pueden disimularse. La ciudadanía tiene derecho a exigir que se investigue a fondo, sin excepciones ni fueros tácitos. Porque cuando el poder se organiza para atacar a la verdad, ya no se trata de ideología, sino de mafias. Y ante las mafias, el silencio también es delito.
