Sindicato municipal amenaza a contribuyentes ante un Ustarroz que dilapidó y saqueó los fondos
No importa cuánto aumenten las tasas, los productos y servicios ni cuán exprimido esté el contribuyente: Los municipales exigen más aumento salarial o amenazan con paro.
Es una exigencia extorsiva, porque nadie más que ellos conoce la improductividad de sus cargos: Calles destruidas, falta de cloacas, asfalto, y corrupción en todos los niveles son la punta del iceberg.
La propia secretaria del sindicato municipal, Evangelina Artaza, admitió su complicidad y la participación de sus afiliados en delitos contra fondos públicos que involucran al intendente Juan Ustarroz con sobreprecios, y a concejales opositores por encubrimiento.
En esa ocasión, la sindicalista amenazó con denunciar a Ustarroz y concejales por sobreprecios en compra de repuestos si sus afiliados no recibían un aumento.
Las declaraciones de Artaza blanquean una vez más el ecosistema de corrupción en el que interactúan intendente, concejales (Incluyendo a la oposición), funcionarios municipales y el sindicato, en este caso para ejecutar y encubrir irregularidades en la compra de repuestos.
Aunque es poco probable que Artaza lleve a cabo sus amenazas por estar ella misma implicada, el intendente Juan Ustarroz y concejales intentaron conformarla, pero el 10% de aumento otorgado no fue suficiente para los municipales que ahora amenazan a la población con paro de servicios si no se incrementan más sus salarios, aun a pesar de haber admitido malversación de fondos contra los contribuyentes.
Los reclamos constituyen un golpe duro para el intendente que durante el 2023 dilapidó fondos indiscriminadamente para su campaña, invirtiendo incluso dólares en anuncios de Facebook e Instagram (Hasta la calesita fue publicitada en dólares).
Los reclamos además son simultáneos a escándalos por corrupción en torno a la obra pública, que también involucran al intendente, concejales de todos los partidos y figuras mayores como Juan Grabois o el consejero de Magistratura Geronimo Ustarroz, todos documentados con algún grado de participación.
La magnitud de los últimos escándalos obligan al intendente a invertir fondos frescos para tapar agujeros que puedan complicarlo mediáticamente (La legalidad lo despreocupa por su blindaje judicial).
Fue así que en 2 semanas a partir de una denuncia mediática se entregaron decenas de viviendas que debían haber sido entregadas 2 años atrás. Aunque se entregaron incompletas, el incidente mostró la urgencia de Ustarroz por minimizar las evidencias del fraude.
Tampoco lo ayuda su reciente sanción del Tribunal de Cuentas por robo de fondos escolares y de asistencia simultáneo al colapsó del techo del baño de una escuela.
La urgencia de tapar agujeros de la corrupción choca directamente con el interés de una gran comunidad de municipales que a pesar de en su mayoría estar nombrados a dedo, el descontento pone en riesgo su apoyo de cara a un 2025 electoral sin fondos.
Sin embargo, los jerarcas municipales salpicados directamente por la corrupción también priorizan la inversión en encubrimiento de delitos por encima de aumentos salariales a empleados.
La situación amenaza a los contribuyentes con mayor presión fiscal y aumento de tasas, castigando aún más el trabajo genuino para financiar los incrementos salariales a funcionarios sin solucionar el problema de raíz echando ñoquis para mejorar las condiciones de los empleados productivos.
