Expuso corrupción en juzgado de Chivilcoy y fiscalías de Mercedes y lo metieron en una celda

Maximiliano Olea es un padre de Chivilcoy que fue desvinculado de su hija tras lo que él asegura que fue una denuncia falsa. El proceso en su contra se llevó a cabo ilegalmente por no estar representado por un abogado. Tras documentar evasivas de una de las peritos que respaldo la desvinculación, comenzó a ser objeto de una persecución judicial que lo llevó a un buzón de comisaría el día miércoles 8 de mayo del 2026.

En el juzgado de paz de Chivilcoy, el conflicto se acentuó en diciembre del 2025 cuando un padre preguntó a la perito Aldana Tufilaro por qué había sido distanciado de su hija si otros peritajes le habían dado resultados favorables. Esa consulta dirigida a una perito judicial derivó luego en decisiones que afectaron gravemente su derecho de defensa dentro del expediente familiar. A partir de ese episodio, comenzó una escalada de restricciones procesales y cuestionamientos hacia el padre.

El padre denunció haber quedado en una posición de vulnerabilidad frente al sistema judicial tras plantear esa discrepancia, asegurando que se limitaron sus posibilidades de defenderse y de sostener el contacto con su hija. El caso es presentado como un ejemplo de cómo determinados cuestionamientos hacia peritos o funcionarios dentro de expedientes de familia pueden derivar en consecuencias inmediatas sobre una de las partes, especialmente en causas sensibles vinculadas a menores, revinculación y regímenes de comunicación.

Tras la publicación del hecho, el fiscal de Mercedes, Luis Victorica, imputó en cuestión de horas —el 24 de diciembre, habilitando días de asueto judicial— al padre que venía denunciando en redes sociales presuntas irregularidades y corrupción judicial. La rapidez de la imputación llamó la atención por contraste con los tiempos habituales de la Justicia y fue evidencia una represalia vinculada a sus publicaciones críticas contra funcionarios, peritos y operadores judiciales. El caso generó repudio por el uso del aparato judicial para desalentar denuncias públicas sobre presunto encubrimiento, manejo irregular de expedientes y vínculos dentro del sistema judicial.

El 8 de mayo Maximiliano Olea hacía mandados cerca del Juzgado de Paz de Chivilcoy, por lo que, ingenuamente se acercó de buena fe a preguntar cuándo podría volver a ver su hija, en un claro movimiento de venganza por haber expuesto las irregularidades del organismo, los empleados llamaron a la policía, que lo encerraron en un buzón, incomunicado por 24 horas. El encarcelamiento fue justificado en una supuesta violacion de medida perimetral de la perito hacia el padre. La perito había denunciado falsamente a Olea por violencia, la Justicia aceptó imponer la perimetral a pesar de que Olea documentó el incidente, en el que no se ve ningún hecho de violencia y en el que el padre se limita a preguntar por qué no puede ver a su hija. De hecho, la propia perito, Aldana Tufilaro, propone a Olea ir a un lugar privado para hablar. Propuesta que de no haber sido rechazada podría haber derivado en una falsa denuncia mucho más grave.

Bozales legales, represalias contra quienes difunden hechos de corrupción judicial y encierros arbitrarios son comunes en la Provincia de Buenos Aires.