¿Violó una perimetral o fue una emboscada? El insólito giro en el caso de la familia Lanche

Era un domingo cualquiera, de esos en los que los parques de provincia se llenan de familias que buscan un respiro entre los juegos y el pasto. Daniela Juárez fue invitada por su cuñada a pasear con su sobrina a una plaza en la ciudad bonaerense de Mercedes, en la que vive. Un momento simple, común, inocente. Pero el destino, o quizás algo más turbio, la colocó frente a una escena tan improbable como brutal: entre la multitud, estaban sus tres hijos, aquellos que le habían sido arrebatados por el Servicio Local de Protección de Derechos.

La sorpresa fue instantánea, el dolor también. El reencuentro fugaz, accidental y a la distancia, no debería haber sido otra cosa que eso: un golpe emocional para una madre separada de sus hijos. Sin embargo, para la funcionaria Victoria Bargues, del organismo estatal, fue el argumento para presentar una nueva medida cautelar contra Juárez, bajo la acusación de violar una perimetral que —según admitió la propia Bargues— no intentó quebrantar en ningún momento.

¿Qué hacía Juárez allí? Paseaba con su sobrina. ¿Sabía que sus hijos estarían? No. ¿Los buscó? Tampoco. ¿Se acercó? Menos. Entonces, ¿por qué se la acusa?

La respuesta que nadie da es cómo una madre, sin acceso a información oficial, podría adivinar el paradero de sus hijos en una ciudad entera. La única explicación plausible, si se considera que Juárez realmente supiera del paseo, sería aún más grave: que alguien desde dentro del Servicio Local le vendiera la información. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Con qué fin?. Bien podría tratarse de una venganza por parte de Bargues, por haber Juarez denunciado públicamente la corrupción del Servicio Local en torno a su caso.

Castigo institucional: ser pobre, haber sobrevivido

La historia de Juárez no empezó el domingo pasado. Empezó en abril de 2023, cuando el Servicio Local de Mercedes se presentó en su precario hogar con una trampa.

Le dijeron que debía ir con sus hijos a la sede del organismo para un supuesto trámite psicológico. Ella confió. Subió al auto con dos de sus hijos. Al llegar al Instituto Unzué le informaron que se los quitarían por 180 días bajo la figura de “medida de abrigo”. A su otra hija la fueron a buscar al jardín. Todo ocurrió sin previo aviso judicial, sin informe claro, sin una sola prueba sólida que lo justificara.

La razón oficial: proteger a los niños de supuesta violencia ejercida por su actual pareja. Pero en el expediente, según denuncian, se confunden los antecedentes del padre biológico —Cristian Gutiérrez, actualmente preso por maltratar a la familia, casi asesina a Juarez— con los de Lanche, un trabajador albañil sin antecedentes. Es decir, que para quitarle a sus hijos, el Servicio Local adjuducó a Lanche los delitos de Gutierrez en un caso previamente detallado por este blog.

Lanche y Juárez, una familia trabajadora y afirman carecer de antecedentes penales, pero también carecen de los recursos para enfrentar el complejo entramado legal y burocrático del Servicio Local. Él se desempeña como albañil, mientras que ella asiste a la escuela nocturna para completar su educación. La falta de medios económicos parece haber jugado en su contra en un sistema que, según denuncian diversas familias, actúa con arbitrariedad en perjuicio de los sectores más vulnerables.

Y como si no bastara, en lugar de asistir a Juárez como sobreviviente de violencia, se la condena simbólicamente por haber entregado en adopción a una hija años atrás, como si eso la descalificara automáticamente para ejercer la maternidad con sus otros hijos.

¿Justicia o prejuicio institucionalizado?

Lo más hiriente de este caso no es sólo la injusticia de fondo, sino la persistencia y facilidad con la que el Estado —a través de sus funcionarios— castiga a los vulnerables con todo el peso de la ley, aun sin pruebas ni criterios claros.

Mientras el expediente de abrigo se prorrogó más allá de los 180 días legales, los menores viven un infierno distanciados de sus padres.

Un sistema que dice actuar “por el interés superior del niño” pero que opta por desmembrar un hogar con una facilidad escalofriante, sin audiencias públicas, sin defensa efectiva, sin control externo.

La pregunta que queda flotando

Si todo fue una casualidad, ¿por qué se castiga a la madre?
Si no lo fue, ¿quién desde el Servicio Local filtró la información para que ocurriera ese encuentro?, ¿se ha iniciado una auditoría para averiguarlo?. Urge que la funcionaria Victoria Bargues proporcione las respuestas.

Mientras tanto, los hijos de Juárez siguen lejos de su madre, y la maquinaria burocrática sigue funcionando sin que nadie se detenga a preguntarse si lo que está haciendo es justo, humano o siquiera legal.