Escuela Normal: Armas sí, quejas no. Amenazan a padres por quejas de faltas de docentes
Padres del colegio Normal de Mercedes fueron citados por la dirección del colegio a una reunión, donde para sorpresa fueron amenazados con cárcel por la directora de la institución, Sandra Muñoz, la docente Maria Belen Fresnes y la vice directora Cristina Echaire, entre los presentes también habían psicopedagogos que no se identificaron.
Los padres, que solo pretenden que sus hijos tengan clases y no sean víctimas de abandono y cancelación permanente de clases, fueron acusados por haber comentado en el blog Noticias Mercedes, en una nota sobre el abuso de licencias por parte del personal docente que resulta en la cancelación permanente de clases.
La amenaza toma especialmente por sorpresa a los padres porque la misma dirección encubre de manera sistemática la presencia de armas dentro de la misma institución, sin jamás reportarlo a las autoridades judiciales.
Los padres reportan que alumnos llevan cuchillos al colegio para enfrentarse a otros alumnos, hace dos semanas un alumno también llevó un arma de aire comprimido con la que amenazó a otros compañeros. Ninguno de estos incidentes que podrían resultar en un desenlace fatal es reportado, por lo que los padres están realmente sorprendidos por ser amenazados judicialmente por comentar en las redes sociales quejas contra la privación al derecho a la educación que también está siendo violado sistemáticamente por las autoridades educativas, personal docente y auxiliar.
La amenaza cita la ley 14898, donde se informó a los padres que, por ser padres de alumnos, podrían pasar entre 5 y 30 días de arresto o una multa del 50% al 100% del haber mensual de un Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía por lo siguiente:
- Hostigamiento, maltrato, menosprecio o perturbación emocional, intelectual, a un trabajador de la educación.
- Insulto a un trabajador de la educación, docente o no, o provoque escándalo.
- Ejercer actos de violencia física contra un trabajador, sea docente o no.
- Arrojar elementos de cualquier naturaleza contra un trabajador o bien de la comunidad educativa.
- Perturbar de cualquier manera el ejercicio de la función pública.
Por el contrario, son los alumnos quienes sufren los delitos de los cuales se acusa a los padres.
Esto es porque la propia amenaza en sí constituye un hostigamiento, a la vez que las faltas de los docentes también resultan en maltrato, menosprecio y perturbación emocional e intelectual de los alumnos.
Por otro lado, los docentes y los directivos que faltan están perturbando directamente el ejercicio de la función pública.
Además la amenaza no tiene sustento legal, ya que ninguna ley puede anular el derecho constitucional de los alumnos al aprendizaje, amparado por el artículo 14.
Otra forma de perturbación emocional o intelectual lo constituyen el adoctrinamiento político, defendido abiertamente por las autoridades del Consejo Escolar, Secretaria General de Cultura y Educación y los propios sindicatos docentes, lo que también implica una clara violación a los derechos del niño. La propia docente que promovio la amenaza, Maria Belen Fresnes, milita el adoctrinamiento, por ejemplo, mediante el programa ESI que impone la teoría de género a los alumnos.
La violencia contra los alumnos también se da mediante maltrato físico, obligandolos a exponerse al frío al que ni en el que funcionarios del Consejo Escolar o Secretaria General de Educación están dispuestos a someterse. Algunos padres de sectores vulnerables también denunciaron violencia mediante el hambre, trás el deterioro de los alimentos entregados.
La situación se da en un contexto en el que por el desempeño deplorable de la comunidad educativa en los últimos años el número de alumnos analfabeto se duplicó, disminuyendo también el desempeño en otras áreas como matemática.
Argentina es el país de la región que más invierte en educación y más de un 80% de esa inversión se destina a salarios. Sin embargo los padres, a pesar de ser forzados a una alta presión fiscal para financiar la educación, atestiguan el deterioro del nivel educativo y sufren las cancelaciones por docentes que no cumplen con su obligación de educar.
Cabe recordar que si bien el personal docente suele citar supuestos derechos sindicales, estos no son reconocidos por la gran mayoría de ciudadanos que financian la educación, y quienes consideran a los sindicatos magias que ejercen como grupos de fuerza de choque políticos que aplican métodos extorsivos para obtener esos supuestos derechos.
No es la primera vez que empleados públicos intentan disuadir a mercedinos de leer Noticias Mercedes. Durante el 2020 al ver que las amenazas contra el autor de este blog no lograron censura, se intento amenazar a los lectores, aunque la táctica fallo por haber sido ignorados por los lectores.
