febrero 23, 2024

Funcionarios de Mercedes operan red de abuso de menores y de encubrimiento

Un Hogar de Abrigo es el lugar al que son trasladados los menores que no pueden permanecer en sus hogares por problemas intrafamiliares, como por ejemplo abusos.

Un Servicio Local es un organismo municipal dedicado a la protección de los derechos del niño. Es por ejemplo, el organismo que gestiona denuncias por abusos y decide trasladar a menores a un hogar de abrigo.

Los menores internados por lo general no cuentan con nadie que vele por su interés. En general no hay familiares con capacidad de intervención ante algún problema. Están abandonados a la voluntad de los funcionarios del hogar, el Servicio Local y autoridades de Niñez, quienes ante la judicialización de un incidente, asignan incluso el abogado que representará al menor.

Si alguien supiera de algún abuso contra uno de esos menores no podría hacer absolutamente nada, porque todo dato, información o contacto está herméticamente restringido por tratarse de menores.

En este contexto, en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, funciona un hogar de abrigo con vía libre para abusar a los menores allí internados, y una estructura de encubrimiento que abarca a funcionarios de diferentes niveles y poderes del Estado. 

El caso más conocido de abuso en el hogar de abrigo es el de una menor adicta que en el año 2021 llegó a la institución como consecuencia de los abusos de su padrastro. El padrastro le proporcionaba estupefacientes como recompensa por violarla hasta que fue trasladada al hogar.

El operador del hogar de abrigo Marcos Rodriguez, quien tambien es un ferviente militante del intendente Juan Ustarroz (Primo y hermano de crianza del Ministro Eduardo “Wado” de Pedro), conociendo los antecedentes de la menor decidió explotarlos repitiendo la conducta del padrastro: Le proveia drogas a cambio de sexo.

La situación fue descubierta por otra operadora que la reportó al director del hogar, Nicolas Colovos, quien comunicó el incidente al intendente Juan Ustarroz, a quien más que el hecho le preocupó que el abuso saliera a la luz. Le dijo a Colovos que sacaría a Rodriguez del hogar, pero el hecho no debía judicializarse, había que ocultarlo.

Marcos Rodriguez fue entonces retirado de su cargo, sus delitos filtrados y publicados por Noticias Mercedes. Algunos se escandalizaron, pero Marcos no sufrió consecuencias y pasado el ruido, Ustarroz volvió a trasladarlo al hogar donde había abusado de una menor a su cargo explotando varias de sus vulnerabilidades. Esta vez como chofer del hogar donde se desempeña hasta hoy.

Peor aún, los propios funcionarios del Servicio Local afines a la gestión, desafiantes con la opinión pública y sin remordimientos, le entregaron a Rodriguez la tenencia de una menor huérfana. Ningún funcionario del Servicio Local denunció que le estaban entregando una menor a quien había violado a una menor en el hogar. Todos fueron entregadores. 


Cabe aclarar que hoy esa menor ya no está bajo el control del abusador porque la madre adoptiva, ex de Marcos, se separó de él poniéndola a salvo.

Tiempo después del caso de esa menor, a fines del año 2022 surgió otro caso de abusos contra un menor de 15 años, que era violado por el operador Ruben Saúco en un taller del hogar de abrigo.

Milagrosamente, esta vez alguien hizo lo correcto y denunció la situación judicialmente.

El menor fue examinado, sus testimonios fueron aplastantes y detallados. Empleados del instituto Unzué donde funciona el hogar se mostraron indignados y escracharon a su compañero con pintadas en muros. En Abril Sauco fue detenido.

Sin embargo, el escrache por parte de los trabajadores del hogar de abrigo alertó a la gestión municipal, que en lugar de limpiar su nombre procurando castigo a Sauco, decidió encubrir la situación, como lo hizo previamente con éxito con Marcos Rodriguez.

La Secretaria municipal de Desarrollo Social Jorgelina Silva, también prima del intendente Juan Ustarroz y por supuesto militante, con autoridad sobre la directora de Niñez Gabriela Olivella y el director del hogar de abrigo Nicolás Colovos, activó un dispositivo de encubrimiento.

Silva, comenzó por amenazar a los trabajadores del instituto Unzué y Desarrollo Social que repudiaron públicamente las violaciones de Saúco contra el menor.

Los instruyó coercitivamente a no comentar el incidente y a mantener la versión de que el menor miente y que Saúco es inocente o perderían sus trabajos. La propia Silva quitó las leyendas que hacían referencia al caso, como pintadas donde se leía “Sauco violador”.

Simultáneamente a la campaña de miedo contra trabajadores, Jorgelina Silva, que según varias fuentes también consiguió a Sauco el apoyo del Sindicato de Empleados Municipales, buscó entre los operadores más cercanos a Saúco y a la gestión, a quienes declararán a su favor.

Lo que Silva realmente buscaba con dificultad era la colaboración de un psiquiatra que deslegitimara los testimonios del menor. Finalmente lo consiguió, una psiquiatra de Mercedes (cuyo nombre se reserva porque accedí al informe pero no a su firma) accedió a proporcionar un diagnóstico falso que afirma que el menor está abstraído de la realidad, sin ubicarse en ella.

Así, Jorgelina Silva logró excarcelar al abusador del menor, quien ahora se desempeña en un cargo de sereno en la ex Dupont, y camina libremente por las calles.

Es importante recordar que como familia, Ustarroz y Silva ejercen un gran poder de injerencia sobre la justicia, especialmente la de Mercedes.
No solamente el principal operador judicial de la política nacional, Wado de Pedro, los favorece. Más de una docena de primos y hermanos en los Consejos de Magistratura Nacional, bonaerense y de la Ciudad, en el Ministerio Público Fiscal, juzgados de diferentes fueros, etc. proporcionan un poder absoluto sobre la justicia.


La muestra de poder sobre el Poder Judicial que representa la liberación de Saúco, es también uno de los factores de miedo entre quienes se callan.

La injerencia de la política sobre la justicia de Mercedes es de conocimiento público gracias a notas previas de este blog. Uno de los casos más conocidos que expone el control político sobre la justicia justamente implica a los juzgados de Familia de Mercedes y a las autoridades de Niñez.

Concretamente el caso de Agustina (nombre ficticio), una menor que padece meningocele y fue internada por el Servicio Local de Mercedes en un hogar de Morón donde literalmente está muriendo por falta de ciudadanos adecuados.

Hace poco el  juez de Familia Rodolfo Sheehan que llevaba esa y muchas otras causas polémicas, repudiado públicamente, tomó licencia y se retiró. Otro juez lo reemplazó restaurando la esperanza para Agustina, pero la esperanza no duró mucho.

El nuevo juez subrogante, el Dr. Fabio Arriagada concedió una audiencia al padre, no hablaron sobre cuestiones parentales, sino sobre la salud de Agustina y la necesidad de trasladarla con urgencia a su hospital de cabecera para ser diagnosticada y tratada.

Al no haber cuestiones de tenencia en discusión, el juez Arriagada aceptó de inmediato y ordenó el traslado de Agustina a su hospital para ser diagnosticada y tratada. Pero si Agustina es trasladada, su diagnóstico como mínimo revelaría años de negligencias con daños irreversibles por parte de las autoridades de Niñez y del Servicio Local de Mercedes, sino cosas peores (La negativa de evaluaciones medicas no solamente impide descartar abuso sexual, sino que fortalece esa sospecha).

Al día siguiente, contra su voluntad inicial el juez se retractó y negó el traslado que él mismo había ordenado. Esa es la magnitud del poder que ejerce sobre jueces la gestión de Juan Ustarroz a nivel local u otros miembros de su familia como Wado de Pedro, Geronimo Ustarroz o Santiago Révora, entre otros, a nivel nacional.

Estos no son los únicos casos de abusos que implican a funcionarios de Desarrollo Social y Niñez de Mercedes.

La hermana de Agustina, recién en año 2017 aun siendo menor, le contó a su padre que 2 años atrás, a la edad de 9 años había sido abusada por un chofer del Servicio Local de Mercedes durante un traslado.
El funcionario de fiscalía Sebastian Jauregui recibió el caso, pero tras conversar con el Servicio Local suspendió la cámara Gesell planeada y le informó al padre que no lograron individualizar a ningún chofer del Servicio Local  con la descripción aportada por su hija. El caso se archivó.

Hace años también, otro funcionario de Desarrollo Social fue denunciado por abusar de una joven en el Instituto Unzué, donde funciona el hogar de abrigo. Aunque su víctima no era menor, el funcionario denunciado era el hermano de Gabriela Olivella, actual directora de Niñez. También quedó impune aunque el incidente es de conocimiento público.

Lo cierto es que el hermetismo característico de estos casos, la complicidad de todos los funcionarios involucrados y de la justicia, impiden saber cuantos casos mas de abuso existen contra menores a cargo de las autoridades.

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